El pasado 16 de marzo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y el presidente Gustavo Petro radicaron en el Congreso su segunda reforma: la laboral, que preocupa a los sectores empresariales del país y que busca, según el Gobierno, proteger y reivindicar los derechos de 22 millones 32 mil empleados.
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Norte de Santander, Martín Cruz, esta reforma fue concertada también con la participación de la fuerza laboral del departamento, a través de una subcomisión, en donde el “Gobierno escuchó las propuestas que en períodos anteriores no habían sido atendidas”.
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“Se tuvieron en cuenta más de 3.000 propuestas. Esto es beneficioso, porque son inquietudes que se escucharon. Los empresarios manifiestan que con esto se afecta el tejido empresarial, pero nosotros creemos que lo que se tiene en cuenta es el reconocimiento de los derechos que habían venido siendo desconocidos, desgastados y arrebatados”, expresó Cruz.
El líder sindical consideró que no se afectará el empleo, pues la modificación de la contratación, para que prime a término fijo, y los cambios en la tercerización o subcontratación buscan enmendar las fallas del sistema.
“El rico se ha hecho cada vez más rico y el obrero se ha ido empobreciendo a través de las historia, porque se le venían quitando sus derechos”, señaló el presidente de la CUT en la región, quien al preguntársele si este es un buen momento para implementar una reforma así, dadas las condiciones macroeconómicas y los efectos de la pandemia de COVID-19, agregó que estas consecuencias “no deben caer sobre el obrero”.
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Reforma ‘no genera empleo’
Jairo Pulecio Franco, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) a nivel nacional, destacó que este sector tiene la ventaja de hacer parte de la Subcomisión de Concertación Laboral y allí dejaron su constancia de que esta reforma “pretende fundamentalmente defender los derechos de los trabajadores, pero no hay herramientas que permitan aumentar la contratación, generar empleo o reducir la informalidad”.
“Esta reforma no va ayudar a ciudades como Cúcuta. Tampoco ayudará a la formalización de las empresas, porque todos los costos laborales asociados a las horas extras, dominicales, beneficios extralegales, posibilidades de negociación colectiva, huelga… se aumentan considerablemente”.
Pulecio resaltó que se reducen las posibilidades de que las empresas puedan contratar de manera rápida y fácil y de adecuar sus estructuras de costos. Recalcó que es un proyecto que trae muchos beneficios para los trabajadores, los cuales pueden ser contraproducentes para ellos, pero es “muy dura con los empresarios”.
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Acopi estima que los costos laborales aumenten 15% con esa reforma, situación que hará que las organizaciones suban los precios de sus productos y servicios, porque las utilidades que ahora tienen no les permitirán asumir esos costos y es lo que sucede en Colombia, porque el 99% de las empresas de comercio son mipymes, las cuales general el 80% del empleo del país.
Texto con el 80% de propuestas sindicales
Un análisis de la consultora Gerencia del Poder dejó ver que el texto radicado recogió 80% de las propuestas de los sindicatos, mientras que solo adoptó 6,6% de las recomendaciones de la Misión de Empleo de 2021.
La inclinación sindical, según el informe, indicaría que la reforma representa un porcentaje reducido de la población, dado que el sindicalismo colombiano es de los menos densos de la región. Entonces, advierten que la reforma no fue producto de consenso.
“A pesar de las semanas de negociación, no parece que el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional sea producto del consenso con trabajadores y empleadores. En efecto, mientras las tres centrales sindicales que hacen parte de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales manifestaron su apoyo durante la radicación, solo uno de los cuatro gremios de empleadores (Acopi) manifestó su apoyo”, se explica en el documento.
La Comisión Séptima tiene actualmente 38 proyectos de ley activos y 22 debates de control político pendientes, que competirán en agenda con la Reforma a la Salud y la Laboral. También es una de las Comisiones con menor experiencia legislativa, dice el documento.
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