La Ley Anticontrabando, sancionada por el Gobierno Nacional, en julio de este año, no es la solución que necesita Norte de Santander para atender la problemática que genera este delito.

Aunque la norma está diseñada para perseguir y acabar con las grandes mafias que se esconden detrás del paso de mercancía ilegal, la aplicación de la norma como medida de choque generará más inconvenientes sociales que soluciones.

La afirmación fue hecha por el abogado, experto en temas aduaneros, Juan Manuel Camargo González, que estuvo en Cúcuta como ponente del foro sobre la Ley Anticontrabando, organizado por la Defensoría Nacional del Contribuyente y el Usuario Aduanero y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Exterior (Fitac).

El especialista dijo a La Opinión que para el cumplimiento de la Ley 1762, en la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira (Venezuela) se necesita una acción decidida del Estado y un pie de fuerza muy grande, pero que esto tendría un gran impacto social y político.

Antes de formular una solución para la dinámica de ilegalidad comercial que se genera en la frontera, Camargo expresó que es preciso entender el contrabando como un fenómeno no exclusivo ni de Colombia ni de Venezuela y que está impulsado por un diferencial cambiario tan fuerte, que permite mantener una estructura ilegal.

Por su parte, la defensora del Contribuyente y el Usuario Aduanero, Gloria Nancy Jara Beltrán, aseguró que la Ley Anticontrabando busca tener un país legal, en donde todos los ciudadanos ayuden a mitigar los riegos de la ilegalidad.

El experto en derecho aduanero aseveró que el departamento, especialmente en el área metropolitana, requiere una política aduanera especial, una idea que no es descabellada si se tiene en cuenta que en Colombia hay tres regiones con regímenes diferentes (Maicao, San Andrés y Leticia).

Sacar adelante una iniciativa como estas no es complicado, solo hace falta voluntad política, refirió González. Mientras esto sucede, lo único claro es que las personas que se dedican al comercio de contrabando (alimentos, gasolina, ropa y otros), tienen que buscar la forma de legalizar su actividad para evitar un proceso penal.