Si usted ha dado una vuelta por la periferia de Cúcuta, ha visto por lo menos uno de los 130 asentamientos informales que hay en la ciudad.

Paredes de madera, tejas de lata, ventanas de plástico y piso de tierra, son las condiciones en las que viven miles de familia en la ciudad y su área metropolitana.

Las causas de esta situación son varias: el desplazamiento forzado, la migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades en el agro y el negocio, porque, aunque sea difícil de imaginar, hay personas que se dedican a ocupar terrenos y vender espacios en ellos como si se tratara de una urbanización, en donde no hay escrituras, servicios públicos y mucho menos transporte público.

En un estudio aún no publicado por el Banco de la República, se conoció de otro factor que tiene una gran relación con la informalidad urbana y a su vez es muy conocido por los cucuteños: la informalidad laboral.

En Colombia, según el Emisor, el 30% de las personas que tienen un trabajo informal viven en una vivienda informal y las estadísticas tienen tendencia al alza, por lo menos así sucede en Cúcuta, donde más del 40% de dicha población vive en estas condiciones.

Para el Banco Central, una vivienda informal se caracteriza por tener deficiencias en la infraestructura, carencia de servicios públicos básicos y estar ocupada ilegalmente.

En este tema, el problema es que el Estado debe atender dos situaciones. La primera de ellas corresponde a las personas que ya viven en invasiones y la segunda es el de las familias que siguen llegando a las ciudades sin recursos y posibilidades de empleo, que al final terminan ocupando nuevos asentamientos, explicó José Brakarz, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especialista en temas de asentamientos informales. 

Bajo estas condiciones, los gobiernos locales, departamentales y nacionales deben planificar una estrategia encaminada a dar una opción de vivienda al flujo de familias que ingresan a la ciudad y otra dirigida al mejoramiento de las condiciones de las personas que ya viven en condiciones precarias. “No existe una hipótesis de que los asentamientos se puedan borrar del mapa. Hay que trabajarlos y mejorar la calidad de vida de la población”, especificó Brakarz.

¿Y qué probabilidad tienen de terminar durmiendo en una vivienda informal los habitantes de Cúcuta? En este caso, el Centro de Estudios Económicos del Emisor revela que a pesar de tener un empleo formal, el 27,9% de las personas puede terminar ocupando una de estas estructuras. Por su parte, en la esquina de los trabajadores informales, el riesgo de llegar de vivir a un asentamiento es del 44,4%.

Aunque estos índices son altos, hay otros que deben preocupar más a las autoridades. Con el informe también se evidencia que un habitante de una vivienda informal tiene 78,40% de posibilidades de conseguir un trabajo informal, mientras que en los ocupantes de residencias formales el porcentaje baja a 63,70%

Teniendo en cuenta que la informalidad laboral en la capital nortesantandereana es la más alta en todo el territorio nacional, con un promedio del 70%, se podría decir que este es un problema que va mucho más allá de tener o no un contrato laboral.

Invasiones, un problema humano

Durante décadas, los asentamientos en las principales ciudades del mundo se han transformado en un problema legal y humano.

Según el consultor del BID, que lleva cerca de 20 años trabajando en estas comunidades, el trabajo para mejorar la calidad dura más de tres generaciones.

La clave en este proceso es la regularización de la vivienda, entendiendo que, además del tema legal y la titulación de los terrenos, existe la necesidad de implementar procesos para llevar servicios públicos, mejorar las vías, fomentar el mejoramiento de la infraestructura de las viviendas y crear conciencia ciudadana.

“Esto es un problema humano, porque estas personas viven en situaciones muy precarias, expuestos a muchos problemas”, aseguró Brakarz.

Para la regularización de las propiedades hay un problema fundamental y es la relación entre los dueños de los terrenos y las personas. En Cúcuta, por ejemplo, muchos de los propietarios de los lotes han presentado denuncias ante las autoridades para que estos sean desocupados, explicó Orlando Joves, secretario de Hacienda del municipio.

“Cuando los propietarios acceden a un acuerdo y aceptan vender los terrenos a los invasores, ellos no tienen como pagar y este es uno de los principales inconvenientes”, dijo Joves. 

En relación a los lotes del municipio que son ocupados, se puede empezar un proceso de legalización de los asentamientos con planes de urbanismo, servicios públicos, áreas de cesión, escuelas, colegios y centros de salud. Sin embargo, el proceso, que terminaría con una escrituración masiva de los terrenos, solo se puede ejecutar en las invasiones con más de cinco años de existencia. 

Por su parte, Jaime Bonet, director del Centro de Estudios Económicos del Banco de la República, destacó que al vivir en una vivienda formal, las personas tienen mayores opciones de conseguir un trabajo formal, por el tipo de relaciones y alternativas que se presentan cuando están rodeados de familias que tienen una actividad económica formalizada.

Las causas de la vivienda informal

La gerente regional de la Cámara de Constructores de Colombia (Camacol), Margarita Contreras Díaz, explicó que además del tema fronterizo, los asentamientos en Cúcuta se han masificado por la ausencia de políticas y de un sistema eficiente de control urbano, así como la falta de oportunidades en el sector rural que produce una migración del campo a la ciudad, todo esto acompañado de una limitada generación de empleo formal.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Cúcuta, Orlando Joves, explicó que a los múltiples problemas sociales en la capital nortesantandereana, se suma la actividad de personas que aprovechándose de la situación ven esto como un negocio y ocupan tierras para montar los asentamientos.