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Economía
El sector rural, una prioridad para Minvivienda
La ministra reveló que en Colombia hay 12 millones de personas del campo no tienen agua y el servicio es intermitente y la calidad deficiente.
Domingo, 25 de Septiembre de 2022


Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda, anunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro hará un esfuerzo en dirección a dar cumplimiento a la norma que exige que el 20 por ciento de la inversión en vivienda social se dirija al sector rural. 



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“No se venía haciendo y por ello el déficit de 1.2 millones de vivienda en todo el territorio nacional. Los resultados que recibimos en el empalme del anterior Gobierno solo dicen que se construyeron 61 viviendas rurales, prácticamente nada”, reveló la titular de esta cartera.

Expresó que es un reto inmenso incluir ese 20 por ciento en el sector rural, pero se aspira a que en el 2023 ese porcentaje se cumpla y el 2024, 2025 y 2026 se siga incrementando para contrarrestar el déficit.

Para la ministra los retos operativos son muy grandes, por la dispersión y por la topografía del territorio nacional, porque no es lo mismo construir grandes proyectos en las ciudades que en el campo.


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Por eso lanzó el llamado a las más de 200 cajas de compensación familiar del país para unir esfuerzos con el Gobierno y los alcaldes para poder hacer realidad este propósito. 

Sumado a ello 12 millones de personas del campo no tienen agua y el servicio es intermitente y la calidad deficiente. 

Al respecto, la alta funcionaria calculó que había 3.2 millones de personas que no tenían ninguna clase de servicio de agua potable en Colombia. Por ello el propósito era impactar de manera significativa en estos aspectos y concluye que el agua que reciben las comunidades campesinas es inadecuada, por no decir inexistente.


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Un ejemplo de esta marginalidad se observa en el corregimiento de San Pedro (Cúcuta) en cuyo territorio está la bocatoma y la planta de tratamiento del acueducto, pero lleva más de 40 años sin servicio de agua potable en los hogares. Solo hasta la presente Alcaldía se logró llevar un sistema de acueducto comunitario con el que tendrán el líquido las familias en sus casas. 
 

Ministra de Vivienda, Catalina Velasco, durante su participación en el Congreso de Asocajas/Foto cortesía

Propuesta para combatir informalidad en vivienda

Según la ministra más del 50 por ciento de las viviendas en el país son construidas de manera informal, no solo en Cúcuta sino en todas las capitales del país.

Recientemente, Planeación municipal reveló que en la capital nortesantandereana habría más de 50.000 predios informales, producto de invasiones consentidas que se produjeron en gobiernos pasados.

Ante este panorama, Velasco Campuzano anunció, en el marco del 32 Congreso Nacional de Asocajas, que tenía una propuesta para atacar esta informalidad y era hacer legalización de barrios, titulaciones de predios y en la muy importante dotación de acometidas de acueducto y alcantarillado, mejorar los baños y las cocinas para la salud pública.


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Grandes necesidades 

En materia de infraestructura de saneamiento básico las necesidades son inmensas, dijo la funcionaria.
Para poner al día la infraestructura de acueducto y saneamiento -añadió- el país necesita 50 billones de pesos “nosotros estamos haciendo una revisión inmensa en el presupuesto, teníamos una disponibilidad de 300 mil millones, pero el aumento del Gobierno será de 1 billón, que es tres veces más de lo que estaba dispuesto.

Sabemos que hay dificultades en la estructuración de los proyectos y que se deben agilizar. En eso estamos, en el Plan de Desarrollo, para dirigir recursos hacia las diferentes regiones”.

Datos clave sector vivienda

En los últimos 4 años, las Cajas han asignado subsidios de vivienda a 236 mil familias por $ 5 billones de pesos. 


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De esos subsidios se han pagado a 122 mil familias por $2 billones de pesos, con lo cual se ha incrementado la tasa de desembolso en un 50%. 

Para el 2021 se destinaron más de $1.5 billones en subsidios para 69.485 familias y se desembolsaron $784.569 millones para 47.135 afiliados.

El 59% de las beneficiarias son mujeres, 90% de los hogares que lo reciben devengan entre 1 y 2 salarios mínimos y el 99% son subsidios urbanos. De manera que el 1% corresponde a subsidios rurales. 


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El 40% de las Viviendas de Interés Social (VIS) son compradas con participación de subsidios de las Cajas. 

Las Cajas de Compensación Familiar lideran el programa de arrendamiento social en algunas regiones del país. Esta iniciativa ha venido incrementando su cobertura al pasar de una asignación de 10.915 subsidios por un valor de $114.542 millones de pesos en 2020, a una de 13.181 subsidios en el 2021, por un valor de $170.482 millones.

En cuanto al programa de subsidios concurrentes, en los últimos 4 años las Cajas han participado con 49.733 colocaciones. El 25% de los subsidios entregados por el programa Mi Casa Ya fueron concurrentes. 
El reto continúa para proveer a más de 12 mil hogares la posibilidad de subsidios y acceso a la financiación que permita los cierres financieros.


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Propuestas Asocajas sector vivienda

   1.  Usar recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis) para los procesos de legalización de la propiedad, de manera que más trabajadores pueden acceder a subsidios de mejoramiento y construcción en sitio propio, dado que la posesión es una tradición en Colombia que aleja a personas de escasos recursos al acceso de subsidios al no contar con un título de propiedad. 

  2.     Realizar pilotos que posibiliten la entrega de subsidios para compra de vivienda nueva en territorios donde ya se avizora la escasez de suelo urbano, incentivando los procesos de renovación y revitalización de las ciudades. 

  3.     Actualmente del Fovis se destinan el 0.5% de la apropiación para la construcción de un sistema de información, el cual hasta la fecha no se ha concretado. Razón por la cual se hace un llamado para que se apliquen los recursos a un sistema robusto que beneficie a todos y que los mismos no sean -por falta de ejecución- llevados al erario ya que la misma Ley reconoce que son de titularidad de los trabajadores.
 

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