Las centrales obreras revelaron el viernes una propuesta de 20% para el incremento del mínimo de 2023.
Aunque los empresarios acordaron no presentar ninguna cifra como contra propuesta, el alza final sí estaría arriba de 15%, teniendo en cuenta las proyecciones de inflación causada para 2022 y la productividad de 1,24%.
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Además, los gremios tienen una firme disposición de concertar el mínimo y entregar una cifra unificada entre el Gobierno Nacional y los trabajadores, por lo que el alza salarial estaría cerca del rango que piden los sindicatos.
En cualquier caso, sea que el salario mínimo se fije en 20% o un poco menos, el básico estaría rondando los $1,2 millones.
Pero esto no es lo único que deben asumir los empleadores, ya que, aunque los empleados recibirían poco más de $1,3 millones, el costo de cada trabajador superaría los $2 millones el año entrante.
Además del salario base y el auxilio de transporte, los empleadores también tendrán que ajustar sus cuentas con las demás obligaciones que les deben a sus empleados.
Las empresas también deben pagar 12% de pensión, razón por la cual este costo aumentaría de $120.000 a $144.000. Los pagos por ARL, en caso de ser nivel 1, tendrían un incremento menor al ser solo 0,52% del salario básico lo que se cotiza, por lo que en 2023 las compañías pagarán $6.240 por cada empleado que tengan.
Además, están otras obligaciones como parafiscales (9%), prima (8%), cesantías (8,33%), vacaciones (4,17%) y otros factores que sumados darían un estimado de $2.028.846 que tendrían que pagar las empresas por cada uno de sus trabajadores en 2023.
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“Nos enfrentamos ahora a un 2023 muy especial, porque es un año en el que tenemos inflación que está creciendo, pero también tenemos proyecciones de varias de las autoridades económicas, incluyendo el Banco de la República, de que el año entrante vamos a tener una ralentización de la economía, quizá llegando a un nivel de 0,5%”, manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
El lunes de la próxima semana se presentarán por escrito las salvedades de todas las partes a lo que haya discutido durante las jornadas. El 22 de diciembre volverá a haber una nueva sesión de la Comisión de Concertación para estudiar esas salvedades y, si nunca se llegó a un acuerdo, el Gobierno tiene hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto.
Con información de La República*
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