El cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air hace más de un mes y Ultra Air hace menos de una semana, ha generado graves repercusiones en viajeros, trabajadores e incluso ciudades como San Andrés que dependen del turismo, por eso la Defensoría pidió al Gobierno acelerar las medidas para que esta crisis llegue a su fin.
“Es inconcebible que solo hasta el punto en el que los pasajeros se encontraban varados en los aeropuertos del país, las autoridades aparecieron, a pesar de conocer la difícil situación por la que atravesaban las dos compañías aéreas que cerraron sus operaciones”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Este cierre de operaciones ha afectado a miles de pasajeros que sufrieron problemas con sus vuelos, más de 3 mil trabajadores de las aerolíneas quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna certeza sobre lo que va a pasar con sus empleos, y al sector empresarial de destinos turísticos como San Andrés y Providencia, que han visto disminuida su actividad económica porque que el número de turistas que llegan a la isla se redujo en más de la mitad.
“Como Defensor del Pueblo, y en nombre de los usuarios de transporte aéreo afectados con esta situación, así como de trabajadores de las compañías, y de los sectores turísticos afectados, hago un llamado a las autoridades a proteger sus derechos, acelerando las medidas que solucionen la emergencia, porque no pueden seguir siendo los usuarios quienes paguen los platos rotos”, finalizó Carlos Camargo Assis.
Qué dice la Procuraduría
Este llamado se suma al hecho en días pasados por la Procuraduría que instó al Gobierno Nacional a llevar soluciones a la isla, donde se ha observado una reducción del turismo de más del 68 %, como consecuencia de la coyuntura que enfrenta el sector.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación, aseguró que el proceso de integración entre Viva Air y Avianca se llevó a cabo de manera errada, pues se aplicó el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y no la Ley 1340 de 2009.
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De acuerdo con la entidad, en el proceso de integración, la Aerocivil permitió que empresas como Aerolíneas Argentinas S.A. Sucursal Colombia, Ultra Air S.A.S, Aerorepublica S.A, Aerovías de Integración Regional S.A y Jetsmart intervinieran de manera directa en el procedimiento cuando sólo tenían derecho a participar entregando información sobre la integración de las aerolíneas.
Y posteriormente, según el Ministerio Público, la Aeronáutica recayó en el error al determinar la resolución 79 del 18 de enero de 2023 “que todo lo actuado desde agosto de 2022 quedaría sin efecto sino se aplicaba la Ley 1340”
Sin acatar lo regulado, la Aeronáutica avaló la intervención de terceros como intervinientes y no como aportantes de información con respecto a la integración de Viva Air y Avianca, señaló la Procuraduría.
Por esta razón, la entidad de control interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación para que la Aerocivil adecue el procedimiento a la norma especial sin que ello implique más demoras.
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