Los expertos en materia fiscal aún no tienen las bases para estimar el impacto fiscal de la reforma a la salud, que ya hace parte de la agenda legislativa del Congreso, la cual contempla la creación de los Centros de Atención Primaria (CAP) y que la distribución de los recursos se ejecute por giro directo mensual de la Administradora de los Recursos de Salud (Adres) a los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.
Pero, ¿cuál puede ser el impacto fiscal? De acuerdo con el economista José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, una de las discusiones claves será cuáles serán sus fuentes de financiamiento.
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“Del análisis del articulado se desprende que habrá una presión sobre las cuentas del Gobierno, pero en este momento resulta imposible tener un cálculo al respecto. Creo que todavía hay muchos interrogantes sobre las cifras, en particular, por los controles de eficiencia al sistema”, explicó López.
Su colega Paúl Rodríguez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y quien también ha estado haciendo seguimiento a la propuesta del Gobierno, indicó que los contenidos de la reforma hablan de un cambio gigantesco en el sistema, pero es difícil tasar lo que costaría implementarla.
“Parece que el Gobierno está siendo muy optimista en cuanto al crecimiento del gasto en salud. El gasto general en salud viene creciendo en Colombia y demás países, porque las tecnologías sanitarias son más caras y lo tratamientos para enfermedades, como el cáncer, se han vuelto más costosos”.
Rodríguez afirmó que esa presión de gasto, sin importar cual sea el sistema, siempre va estar presente, además, porque se está diciendo que se va a crear una enorme cantidad de CAP y no está claro cómo se lograría.
“En el documento no se ha establecido un tiempo de transición. Si la Nueva EPS toma el control de las EPS que están ahorita, no costaría nada. La gran duda es cuánto tiempo llevaría la transición, si se pensara en un año, los cotos serían imposibles por la implementación de esos centros y contratar el personal”.
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El académico precisó que los recursos para la salud provienen de varias fuentes, como cotizaciones de los empleados, impuestos específicos (juegos, tabaco y alcohol) e impuestos generales de Estado, entre otras, pero el documento da entender que esos cambios se financiarán con los recursos de la reforma tributaria, los cuales tampoco son tan altos, pues se buscan $20 billones para todos los sectores.
Las apuestas que se quieren hacer no se harían en el mediano plazo, sino para dentro de 20 años, porque no serían viables, teniendo en cuenta la inversión que se requiere para infraestructura física, tecnológica y de personal.
Más dinero para personal
El médico Alonso Vellojín Barrios, asesor en el sector salud, apuntó que es preocupante la carga fiscal que tendría la reforma a la salud. “Los fondos de salud tienen piso y techo, hay una plata que hay que hacerla rendir, pero el modelo que plantea el Gobierno está montado sobre un sistema netamente estatizado”.
El galeno destacó que ese modelo requiere mucha infraestructura, porque la red pública de salud está deteriorada.
Vellojín argumentó que a esto se suma la contratación de talento humano, porque el documento plantea una restructuración y mejoramiento de esta área, cuando la mayoría de los trabajadores públicos está empleado bajo la figura de Orden de Prestación de Servicios (OPS) o por medio de cooperativas, lo que generará mucho más gasto si se convierten en personal de planta.
El médico destacó que la Adres va a ser la gran pagadora, que ahorita tiene 250 empleados, pero requerirá 30.000 con las transformación que se busca. “La plata no va alcanzar, porque es la misma que se destina a salud… Es un modelo inviable”.
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Algunos datos
Según la ministra de Salud Carolina Corcho, los Centros de Atención Primaria (CAP) tendrían un costo cercano a los $8,8 billones bajo la modalidad de financiamiento por oferta. Sería necesario crear 2.500 CAP para brindar atención a 17,3 millones de usuarios.
El costo per cápita anual de un usuario para la atención primaria costaría $508.232, pero si toda la población colombiana tiene alcance a este nivel de atención (48,9 millones de personas), el costo sería de $24,8 billones.
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