Agosto, el mes de los vientos, también se convirtió en el mes de los cambios para la Zona Franca de Cúcuta. Después de varios meses de negociaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  y la Cámara de Comercio de Cúcuta, firmaron el documento para que esta última entidad asuma la administración del parque industrial.

El contrato, firmado por dos años, le permitirá a la entidad cameral recibir nuevos usuarios comerciales, industriales y de servicios, un tema que en los últimos dos años se había transformado en uno de los ‘cuellos de botella’ para el desarrollo de este espacio de comercio especial.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, José Miguel González Campo, explicó que ‘tenemos una hoja de ruta para promocionar la zona franca y que lleguen nuevos usuarios para empezar a solucionar algunos problemas que existen en materia de infraestructura”.  

Y es que los retos de la Cámara como administradora del inmueble serán varios, teniendo en cuenta que las malas administraciones tienen a esta zona especial de negocios con las vías deterioradas, las bodegas en mal estado y un flujo comercial cada vez más bajo.

Para recuperar la infraestructura de este espacio se requieren cerca de $10.000 millones. En este sentido, aunque la Cámara de Comercio no cuenta con dichos recursos, González expresó que la estrategia incluye el establecimiento de precios de arriendo y administración muy competitivos para la facilitar la llegada de inversionistas y “trabajar en un estudio macro para hacer un desarrollo real de la zona franca, con un proyecto inmobiliario, buscando financiaciación”.

Nuevas expectativas

Para los usuarios comerciales, industriales y de servicios que aún funcionan en la Zona Franca de Cúcuta, la llegada de la Cámara genera gran expectativa de recuperación y mejoramiento de las condiciones y los costos de funcionamiento.

A parte de las quejas por el mal estado de la infraestructura, durante meses los empresarios han manifestado la falta de competitividad del lugar, por los altos costos de arriendo que deben pagar, siendo su principal solicitud un ajuste en las tarifas.

Sin embargo, según pudo conocer La Opinión, para que esto suceda, los usuarios primero tienen que pagar la deuda superior a los $700 millones que tienen con  el Ministerio de Comercio. 

Teresa Patiño, una de las usuarias del lugar, informó que ya se reunieron con funcionarios del Ministerio y están esperando una prórroga por lo menos de 18 meses para ponerse al día.