~No obstante la liberación, hace unos días, de dos de las colombianas detenidas en Venezuela acusadas de contrabando por llevar pequeños mercados con productos de la canasta básica, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Cancillería a intervenir en la situación que se está presentando en la zona limítrofe con los connacionales, a fin de evitar persecuciones injustas.~ No obstante la liberación, hace unos días, de dos de las colombianas detenidas en Venezuela acusadas de contrabando por llevar pequeños mercados con productos de la canasta básica, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Cancillería a intervenir en la situación que se está presentando en la zona limítrofe con los connacionales, a fin de evitar persecuciones injustas.

En una carta enviada a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le manifestó la preocupación que ha despertado en la entidad la aprehensión de varios habitantes de frontera, como resultado de las medidas anticontrabando aplicadas por el gobierno del vecino país.

“Entendemos que la decisión de sancionar este tipo de conductas es del resorte exclusivo del gobierno venezolano, sin embargo, preocupa a la Defensoría del Pueblo, que no solo, ni principalmente, se está judicializando a grandes contrabandistas, sino también a ciudadanos colombianos residentes en zonas de frontera que consuetudinaria e inveteradamente han adquirido productos para su consumo en el vecino país”, le manifestó el defensor a la canciller.

En este sentido, Otálora le pidió a la funcionaria de Gobierno adelantar las gestiones pertinentes para evitar que los colombianos ajenos a actividades criminales sean objeto de medidas penaleen medio del intercambio comercial diario que por décadas ha caracterizado a las zonas de frontera.

Así mismo, le solicitó requerir a las autoridades venezolanas, para que informen y precisen el número e identidad de los colombianos detenidos desde mayo de este año por conductas punibles asociadas al denominado “contrabando de extracción”.

Al igual que el defensor, desde hace varias semanas, la dirigencia de Cúcuta y Norte de Santander, así como el gobernador Edgar Díaz y la Procuraduría le exigieron a la Cancillería tomar medidas frente a la situación que se viene registrando en esta zona del país y buscar solución para los colombianos presos en las cárceles venezolanas.La semana pasada finalmente dos de las cucuteñas acusadas de contrabando por hacer compras en un supermercado de San Cristóbal, el cual no superaba los $30.000, fueron dejadas en libertad y pudieron retornar al seno de sus hogares.Sin embargo, las mujeres quedaron condicionadas bajo una medida cautelar y deberán presentarse periódicamente en el Ministerio Público hasta tanto el proceso no prescriba. Otros nortesantandereanos no han corrido la misma suerte que ellas y siguen retenidos a la espera de los juicios en su contra.