Tras una discusión de casi tres horas, con 15 votos en contra y dos a favor, el Concejo de Cúcuta hundió el proyecto de acuerdo con el que la Alcaldía pedía comprometer vigencias futuras para el darle continuidad al convenio que tiene con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

El actual convenio se vence el 31 de octubre de este año y con el proyecto la Alcaldía pretendía asegurar un acuerdo que entraría en vigencia el 1 de noviembre y finalizaría el 31 de diciembre del 2023, por un valor de $3.800 millones de pesos. 

Álvaro Raad, presidente del Concejo, dijo que la Alcaldía contaba con el presupuesto para mantener el actual convenio hasta el 31 de diciembre, con lo cual dejaba claro que de ninguna manera los cabildantes estaban dejando a la deriva a la ciudad con su decisión. 

Los concejales cuestionaron, entre otras cosas, el estado de la movilidad que según Raad es “desastroso” porque considera que no se han tomado acciones eficaces para controlar el tráfico. “La Secretaría de Tránsito ha descuidado el decreto de Pico y Placa, está retrasada en el tema de parqueaderos públicos y está en un montón de cosas”, afirmó. 

Según el concejal, en plenaria le solicitaron a Mayid Gene, secretario de Tránsito, que presentara una propuesta o un “plan de choque” de cómo se le brindará a la ciudad un plan de movilidad “más ciudadano”, donde no solo se ejerzan controles que a su juicio solo buscan resultados atropellando a la ciudadanía.

“Lo que se le está pidiendo es que los agentes se comporten como agentes de Tránsito y que la movilidad mejore un poco porque nos damos cuenta que con este convenio no es eficiente. El secretario tiene octubre y noviembre para presentar esa propuesta”, indicó.

“Que baje el proyecto el primero de octubre y en el Concejo lo estudiamos para que el 15 de ese mes esté arrancando. Tendría dos meses y medio para reclutar, para entrenar gente”, dijo el presidente del Concejo que además sugirió a la Secretaría de Tránsito hacer un convenio más corto con la Policía que inicie el primero de enero del 2023, en caso de requerir algún acompañamiento en su proceso.

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“No habrá policía”

Por su parte, Mayid Gene declaró que la decisión del Concejo podría dejar a la capital nortesantandereana sin policías de Tránsito a partir del primero de enero del 2023. Explicó que la solicitud de una autorización de vigencias futuras que se llevó al Concejo se hizo conforme a la Ley 819 del 2020, porque el 31 de octubre se vence el convenio vigente.

En esa Ley, se establece como uno de los requisitos para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras que el ente territorial deberá disponer del quince por ciento (15%) del valor de ese compromiso en el presente.

Esto corresponde a $675 millones de pesos, de los $3.800 millones que costaría el convenio desde noviembre del 2022 hasta diciembre del 2023.

Gene dijo que si se utiliza ese dinero para hacer una prórroga del convenio actual por los dos meses que quedan de este año (noviembre y diciembre), quedaría sin recursos para presentarlo como vigencias futuras ordinarias. “Ya no cumplo con ese parágrafo porque estaría gastando el capital inicial”.

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¿Alférez, al mando?

Explicó que la Alcaldía está haciendo un rediseño institucional en el que se incluye la solicitud de cuerpo de alféreces (civiles capacitados y uniformados) para controlar el tránsito. El diseño se hizo a través de un convenio con la Universidad de Pamplona.

Esa propuesta será presentada ante el Concejo, pero si se consigue su aprobación, tardaría no menos de seis meses en ser estructurado y puesto en marcha.

Contratada esa planta de personal, aspiran generar un proceso de empalme entre los agentes y la Policía que permita tener una entidad más capacitada, dijo. 

El secretario considera que los argumentos expuestos por los concejales no tuvieron solidez técnica, sino que se basaron en “temas situacionales” como señalar a los policías de corruptos y de una cacería de los ciudadanos, cuando “la imposición de comparendos no representa ni el 0.5 por ciento de las funciones que realizan”, aseguró.

“Confinaron a que el convenio era simplemente un tema para favorecer a los privados desconociendo todas las cifras de accidentalidad y de lesionados por hechos viales. Se deja a la ciudad fuera de la protección que brinda el cuerpo operativo de la Policía de Tránsito”, sentenció.

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Los taxista se oponen

Mientras se producía el debate, el gremio de taxistas protestaron en las inmediaciones del Parque Santander para mostrar su desacuerdo con la discusión que se llevaba a cabo en el Concejo. Más tarde, luego de dialogar con el concejal Álvaro Raad desistieron de la medida.

La postura de la “mancha amarrilla” es en respaldo a la Policía de Tránsito. “Esperamos que en octubre la Secretaría de Tránsito vuelva con el estudio y lo presenten para que puedan renovarlo porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad”, dijo Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Norte de Santander (Astans).

Bastos dijo que el gremio espera que la alcaldía disponga de los recursos con los que cuenta para tener a la policía hasta el 31 de diciembre en las calles y luego se firme un convenio para la siguiente vigencia. “No queremos alférez controlando la movilidad”, sostuvo.

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