Los trabajadores agremiados en el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunciaron que fue activado el Plan Reglamento, como medida de protesta debido a los supuestos incumplimientos por parte del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y ante la falta de respuestas a las mesas de diálogo para dar solución a algunos inconvenientes relacionados con los convenios anuales.

La Asociación Sindical de Empleados (Aseinpec) envió un comunicado en que informaron que en junio pasado, enviaron  un oficio al gobernador informando acerca de presuntos manejos irregulares cometidos por la Secretaría de Gobierno departamental en las contrataciones. 

En el documento expresaron que le solicitaron una reunión extraordinaria para tratar temas relacionados con las intervenciones y las obligaciones que por ley tiene el departamento con el complejo carcelario, pero no tuvieron esa audiencia.

En consecuencia, tomaron la decisión de activar el Plan Reglamento, lo que implicaría que la cárcel   “seguirá cerrado para ingresos de internos que hayan sido capturados por la policía departamental o autoridades departamentales”, incluyendo a las estaciones de policía. 

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El sindicato aclaró que la medida tendrá como excepción al municipio de Cúcuta, por mantener con la administración un diálogo permanente en la búsqueda de lograr salidas a la crisis. 

¿Sobrecostos?

El abogado Carlos Ramos, asesor externo de la organización sindical del Inpec, explicó que de acuerdo con lo expresado por el sindicato, estos hablan de presuntos “sobrecostos” en uno de los contratos incluidos en los convenios que la Gobernación hace con el instituto para que estos reciban en la cárcel a los sindicados que se encuentran en calidad de imputados, es decir, que no han recibido sentencia.

En estos casos de los sindicados, quienes asumen esa responsabilidad son las alcaldías y la Gobernación, con la particularidad de que en el departamento representan casi el 50% de la población privada de libertad en los centros de reclusión, dijo el asesor.

Hemos respondido 

Thais Ortega, secretaria de Gobierno de Norte de Santander, explicó que la Gobernación en el convenio del 2021, se comprometió a cancelar al Inpec $600 millones en atención a ese acuerdo para la reclusión y atención de presos sindicados. 

De estos $400 millones eran para Cúcuta, $100 eran para Ocaña y $100 para Pamplona.
Declaró que el 30% de ese dinero se les canceló a los trabajadores en sobre sueldo, mientras que el 70% restante, se les debía entregar en dotación de implementos que son requeridos por el mismo instituto para la atención de la población carcelaria. 

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Lo que manifestó el sindicato fue que  en uno de los procesos contractuales por $10 millones de pesos, se manejaron costos no correspondientes a la realidad del mercado, señalamientos que hicieron sin presentar ninguna prueba que permitiera interpelar a la contratista, dijo Ortega.

La funcionaria señaló que el sindicato no expresó de manera directa que ese fuera el motivo por el cual pedían una reunión con el gobernador, sino que lo hacían para solicitar que se atendieran acuerdos hechos en las mesas de diálogo y que tiene que ver con los convenios. 

“Es un trabajo que estamos haciendo, pero es que a esas reuniones   asiste es el director de la cárcel. De hecho hoy (jueves) tenemos una entrega bastante grande con la cual terminamos lo adeudado en el convenio del 2021”, explicó. 

La secretaria recordó que en los acuerdos y para los convenios hay un supervisor por parte del Inpec que está representando en la figura del director.

Posible solución

Al cierre de esta edición, se conoció que la Gobernación entró en diálogo con el sindicato y se acordó reunirse hoy para conciliar, establecer un diálogo en términos de atender sus peticiones, con lo cual podrían levantarse la medida del Plan Frontera. 

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