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Cúcuta
¿Qué ocurre con el convenio con la Policía de Tránsito?
El alcalde Jairo Yáñez aseguró que la ciudad ya cuenta con un acuerdo.
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Miércoles, 22 de Febrero de 2023

El convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la Policía de Tránsito para 2023 todavía no está activo y aunque el alcalde Jairo Yáñez expresó que el pasado lunes fue firmado para su ejecución, no se conoce el documento que permitirá que la ciudad siga contando con un control de la movilidad. 

El 31 de diciembre venció el que estaba vigente para 2022 y luego de superar varias trabas que se presentaron en el Concejo para su continuidad, la administración municipal logró extenderlo hasta por 45 días, gracias a un acuerdo con la Policía Nacional para el presente periodo sin adición de recursos.

Esa extensión se venció el pasado 18 de febrero y hasta el lunes estaba prevista la firma del nuevo convenio que fue enviado para su aprobación en Bogotá, un hecho que hasta ayer no se había concretado.


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“El día de ayer se mantuvo una conversación con el comandante general de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, y aunque hubo algunas situaciones referentes a una cláusula que hacía falta complementar, este aspecto fue allanado ayer y en este momento ya la ciudad tiene su acuerdo con la Policía”, reveló el alcalde.

 

No aparece en el Secop 

Sin embargo, la afirmación del alcalde Jairo Yáñez fue controvertida por otros voceros de la ciudad. De acuerdo con la concejala Carime Rodríguez, primera vicepresidenta del  Concejo de Cúcuta, tal convenio no existe hasta que no se encuentre publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

“Yo como concejala digo que no existe convenio porque si lo tienen, publíquenlo. No aparece nada publicado y los actos administrativos se deben publicar”, indicó.

Rodríguez manifestó que hasta tanto no haya una publicación en el sistema de contratación y un contrato para que la Policía de Tránsito cumpla funciones, los agentes, aunque podrían contribuir con el control del tráfico, no están facultados a imponer ningún comparendo.


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“Si no hay convenio, hacer un comparendo no sería legal y tampoco pueden de ninguna manera inmovilizar un vehículo porque estarían fuera de sus competencias”, explicó. 

Por otro lado, señaló que si bien la Alcaldía de Cúcuta convocó al Concejo a sesiones extraordinarias, en el decreto de citación no se incluyó ningún proyecto de acuerdo relacionado con el convenio con la Policía de Tránsito.

El presidente de la corporación administrativa municipal, Edwin Duarte, respalda la idea de que ese acuerdo no ha entrado en vigencia. “Hasta hoy no hay convenio y sería muy importante conocer cómo la Alcaldía hizo ese acuerdo, si por medio de un contrato directo o de qué forma”, agregó. 

 

A la espera de aprobación

Hugo Santiago, presidente de la Veeduría de Tránsito de Cúcuta, manifestó que si bien existe un proceso de suscripción de documentos para el convenio con la Policía de Tránsito, el mismo se encuentra a la espera de su firma por la Policía Nacional para su entrada en vigencia. 

“La Policía de Tránsito trabajó hasta el 18 de febrero y esa es la información que tenemos por parte de la oficina jurídica”, indicó. 


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Santiago explicó que si bien la firma por parte de la Comandancia General de la Policía Nacional se puede hacer hoy mismo, todo acto administrativo que se desprenda del 18 de febrero en adelante, hasta que no se firme el nuevo convenio y entre en vigencia “no tiene validez”.

Declaró que para validar estos procedimientos se requiere la participación directa de la autoridad de Tránsito y esa función no la puede suplir ni un abogado, ni un inspector.  “Como bien lo dice su cargo, su tarea es inspeccionar. Si ellos lo hacen carece de legalidad”, precisó. 

La continuidad del acuerdo con la Policía de Tránsito para la ciudad ha sido objeto de duras críticas por parte del Concejo de Cúcuta, al considerar que el servicio no contribuye en mejorar la movilidad de la ciudad.

Sin embargo, su permanencia ha sido respaldada por otros gremios, como el de los taxistas, que incluyeron la necesidad de protocolizarlo para este año, dentro del pliego de peticiones discutido y negociado con la administración para poner fin a la protesta del pasado 26 de enero. 

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