Con la construcción del Anillo Vial Occidental, cientos de hectáreas de terrenos que hasta hace unos años no despertaban ningún interés, se han convertido en el centro de una fuerte pelea territorial que ha dejado varios muertos.

Es tal el apetito por estas tierras, que verdaderos carteles de usurpadores e invasores de predios han llegado a este lugar a adueñarse de lo que no les pertenece.  Este fenómeno, sin embargo, no es nuevo en la ciudad, pues según datos de la oficina de Planeación Municipal, el 70% de Cúcuta se ha levantado sobre terrenos invadidos.

Las estrategias utilizadas por los que ilegalmente han llegado a ocupar los terrenos que colindan con el Anillo Vial Occidental, iniciando en la intersección de la vía que de Cúcuta conduce hacia el municipio de El Zulia, se han ido sofisticando de tal manera, que se han convertido en verdaderos entramados que lograron confundir  tanto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), notarías de Cúcuta, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Autoridades Municipales y a algunos jueces.

Dentro de los múltiples terrenos invadidos en esta zona de la ciudad, dos casos llaman poderosamente la atención, no solo por la extensión de tierra que se ha ocupado de manera ilegal, sino por la forma como estas invasiones se han llevado a cabo.

Los propietarios de estos terrenos son Inversiones San José S.A. y Rafael Rosas.  Sus predios están ubicados a ambos márgenes del trazado del Anillo vial Occidental, a su paso por las invasiones de El Progreso y la Fortaleza entre otras.

Confunde y reinarás

Uno de los casos más dramáticos es el de un propietario que tiene 105 hectáreas, quien desde hace dos años ha ido perdiendo cerca de 20 hectáreas sin haber hecho una sola venta desde el 17 de junio de 1980, cuando fueron compradas a Pablo Alfredo Briceño Arciniegas.

Precisamente uno de los herederos de Pablo Briceño ha sido el que, omitiendo las ventas realizadas por su hermano en vida entre 1977 a 1980, y a través de engaños que han tocado, incluso, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, logró ampliar en dos oportunidades la cabida superficiaria del predio que heredó, pasando de 18 a 97 hectáreas y posteriormente a 155 hectáreas. Este heredero ha vendido terrenos que no son de su propiedad y que pertenecen a los predios colindantes.

Se trata de Jesús María Briceño, un pensionado de la Registraduría de Cúcuta, de 70 años, quien hoy se encuentra privado de la libertad, como resultado de  investigaciones de la Fiscalía, iniciando la etapa de juicio penal por haber orquestado una serie de ventas ilegales a compradores incautos.  El ente investigador lo acusa de los delitos de falsedad en documentos, fraude procesal, usurpación e invasión de tierras, urbanización ilegal, estafa y otros.

Además, en el proceso la Fiscalía ha tenido acceso a testimonios y recibos de pago que probarían que Briceño y su abogado iban a la zona a vender terrenos y a recibir el pago por estos negocios.

En un interrogatorio realizado a Jesús Briceño en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, el 18 de Julio del año pasado, reconoció que dentro del terreno usurpado, existen dos lotes que han sido invadidos y en los que él ha realizado ventas a los invasores.

Según se lee en la trascripción que se hizo de esa diligencia judicial, ante la pregunta de “si dentro de los terrenos que el señor (el propietario) le hace la reclamación que son de él, existe venta alguna a terceras personas, en caso afirmativo, a cuantas personas se les ha vendido, cuanta extensión de estos terrenos cual ha sido el monto del valor de estas ventas”, Briceño respondió:

“Hay dos lotes que según el señor (el propietario) dice que estoy vendiendo, lotes que son de el (sic), en el primer lote hay unas 5 hectáreas, en ese lote la gente que invadió me llamaron para que les solucionara el problema que tenían porque no sabían quien era el dueño y que les vendiera, les legalizara  como eso fue mucho antes que el señor se presentara, les negocie los lotes por un valor de $1.500.000. en cuotas de $50.000. mensuales (sic), todavía no han terminado de pagar esas 5 hectáreas”.

Finalmente Briceño reconoce que “las personas a las que se le han vendido es aproximadamente unas 300 personas (sic)”.

La Opinion visito la zona de las invasiones y pudo constatar que, a pesar de que Briceño tiene detención domiciliaria, ha seguido visitando la zona y haciendo los cobros de las cuotas mensuales por los lotes que ya negocio.  Incluso, llama la atención que ninguna de las personas contactadas por este diario en la zona conoce la situación jurídica de Briceño.

Uno de los que negoció predios a Briceño fue Blas Paolo Caballero Carrero, quien trabaja como mariachi. Cuando se iniciaron los desalojos en la zona, Caballero se enteró de los problemas que tenían esos predios y para tener certeza sobre su situación envió, un derecho de petición al Departamento de Planeación Municipal en 2010 pidiendo un concepto sobre la promesa de saneamiento de la propiedad de inmueble urbano que le habían dado para legalizar de la negociación.

El 20 de septiembre de ese mismo año, el entonces director de ese despacho, José Édgar Caicedo Fonseca, le respondió que “al insertar en la cartografía oficial del IGAC las coordenadas que demarcan y ubican el planteamiento urbanístico que se pretende realizar, se constata que dicho urbanismo se pretende realizar sobre los predios de propiedad de Rafael Rosas Ramírez, Inversiones San José S.A. y Jesús María Briceño Arciniegas”.

Así mismo, el entonces secretario de Planeación aseguró en la comunicación que “todo proceso de reloteo debe ser concordante con una licencia de urbanismo y desenglobe otorgada por una curaduría urbana. Sin dicha licencia no se puede proceder con la escrituración del lote y el respectivo registro en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos para la asignación de la respectiva matrícula inmobiliaria”.

Por esa comunicación, Blas Paolo Caballero amparado en el documento emitido por la autoridad municipal solicitó la devolución del dinero entregado por la compra de los lotes, dinero que finalmente le fue devuelto.

La multiplicación de la tierra

En las invasiones aledañas al anillo vial occidental se observan ventas de gasolina y otros negocios que han instalado los que allí habitan, como una forma de ganarse un dinero.

El predio que Pablo Briceño le vendió a Inversiones San José, en 1980, colindaba con uno de 18 hectáreas, propiedad de Jesús Briceño. Los límites del predio de Inversiones San José aparecen perfectamente delimitados en las cartas catastrales de 1962 y 1998, a las que La Opinión tuvo acceso. Sin embargo, estos límites variaron en la carta catastral que en hoy reposa en el IGAC (ver facsímiles).

Esta situación pareció obtener un traje de legalidad cuando, a través de la resolución 0192 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta, se le reconoció a Jesús Briceño que su lote no era de 18 sino 97 hectáreas de acuerdo a un soporte del IGAC que reconocía dicha ampliación. Posteriormente, en el 2009 la ampliación pasó a 155 hectáreas.

Estas ampliaciones estuvieron soportadas en un levantamiento topográfico plasmado en papel realizado por Briceño, pero cuyos linderos no eran los de la realidad de la tierra. Sin embargo, estas modificaciones de papel fueron elevadas a escritura publica de notarías de Cúcuta.

Cuando San Simón estaba negociando la franja del tramo 8 del anillo vial occidental, Briceño se acercó con el certificado de tradición con el área modificada a 155 hectáreas, aduciendo que era el propietario de parte de la franja por la que pasaría la vía. Fue entonces cuando los verdaderos propietarios de los terrenos se enteraron de las ampliaciones de cabida superficiaria que había realizado en el papel.

Luego de conocer la situación, procedieron a poner en conocimiento al IGAC y a la Oficina de Instrumentos Públicos.

Anny Morales, la directora del IGAC en el 2009, le informó al entonces director de Instrumentos Públicos, Patrocinio Pérez que se había dado una imprecisión en el reconocimiento predial del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 260-183369 predio número 00-02-0010-147, el mismo de las 18 hectáreas que se convirtieron en 97 y luego en 155, pues “el propietario entregó un plano a esta entidad y fijó unos mojones en el terreno en un sitio diferente a su propiedad afectando los predios vecinos quienes nos advirtieron solo de tal situación hasta la fecha”.

Morales finalizaba su comunicación con el director de la Oficina de Instrumentos Públicos diciéndole que el IGAC había corregido el área del predio mediante la resolución número 54-001-0460-2009, quedando con 22 hectáreas, 4 por encima de las reales.

Sin embargo, Briceño insiste en ubicar ese predio con una cabida superior a las 18 hectáreas  tomándose los predios vecinos. Además, para demostrarle a las personas a las que les ha vendido que sí es el propietario, instauró una demanda de alinderamiento y amojonamiento aduciendo que los vecinos son los que le han corrido los linderos.

El predio que crece después de cada venta

Si se observan las cartas catastrales de 1962 y 1998, el predio 00-02-0011-0418, presenta una forma y se puede observar varios desenglobes que han dado paso a construcciones reconocidas como lo son los moteles ubicados sobre la margen derecha de la vía que comunica con El Zulia, a la altura del barrio Cerro Pico.

Sin embargo, en la carta catastral que se puede observar este año en el IGAC, el mismo predio a simple vista se aprecia de mayor tamaño, englobando predios que habían sido desenglobados y con en su Matricula Inmobiliaria aparece un total de 244 hectáreas.

Al hacérsele un estudio catastral a este predio, se puede observar que en distintas oportunidades y luego de realizadas varias ventas, sus hectáreas en vez de disminuir, misteriosamente aumentan.  

La historia de este predio arranca el 21 de enero de 1947 cuando Cenón Camacho le vendió 100 hectáreas a Jerónimo Velasco. El 28 de marzo de 1973, las 100 hectáreas fueron heredadas por 10 familiares de Jerónimo. Desde entonces y hasta 1980, se realizaron 7 ventas que, en conjunto, alcanzaron el total de 71,5 hectáreas. Es decir, para el 25 de mayo de 1980, los Velasco solo poseían 28,5 hectáreas de las 100 que habían heredado en 1973.

Sin embargo, mediante una aclaración que aparece consignada en la historia catastral del predio, el mismo 25 de mayo de 1980, las 28 hectáreas se convirtieron en 220 sin haberse registrado ninguna compra.

De estas 220 hectáreas, que no se sabe de dónde aparecieron, los Velasco siguieron vendiendo, al punto que para el 21 de abril de 1988, ya sumaban otras 50 hectáreas vendidas. Pero una vez más, y sin saberse cómo, hicieron otra aclaración, el 5 de septiembre de 1989, y volvieron a quedar con 247 hectáreas, es decir, 27 más de las que les habían aparecido 9 años atrás.  

Este crecimiento inusitado de la propiedad de los Velasco ha llegado al punto de que parte del terreno de Inversiones San José pasó a ser de los herederos de Jerónimo, sin que se haya presentado una compraventa entre las dos partes.

Esto se evidencia por lo que argumenta Alberto Rodríguez, otro de los protagonistas de esta historia.

‘Ese lote es mío’

Según el abogado Alberto Rodríguez, él es el propietario de 14 hectáreas  que negoció con los Velasco y que, según manifestó, están ubicadas dentro del terreno que Inversiones San José posee desde 1980.

Para sustentar su afirmación, Rodríguez muestra un certificado de tradición y libertad en el que se aprecia que el 22 de agosto de 2011 compró por 190 millones de pesos una cuota parte equivalente al 6.62% sobre el derecho de dominio y posesión que ejercen sobre el inmueble los propietarios, es decir la familia Velasco.

Estas 14 hectáreas, Rodríguez las escrituró en la Notaría Sexta de Cúcuta el 11 de agosto del año pasado, quedando con el numeral 2128.

Sin embargo, y a pesar de que el predio de los Velasco pertenece a varias personas en común sin división entre los mismos, figura que lo hace proindiviso, Rodríguez, insiste en ubicar sus 14 hectáreas en un punto sobre los terrenos de Inversiones San José S.A.

Así las cosas, Rodríguez posee el 6.62% del total del predio que los Velasco dicen que les pertenece, pero este porcentaje no se puede ubicar en un punto específico de esa propiedad hasta tanto no se realice el desenglobe correspondiente.

Aún así, dentro de las 14 hectáreas que alega haber comprado, el abogado Rodríguez, junto con el constructor Guillermo Bolívar, piensa desarrollar un proyecto inmobiliario llamado Villa Gabriela, con un total de 1.131 viviendas.

Tanto el abogado como el constructor aseguran que Villa Gabriela cuenta con todas las de la ley y que el permiso correspondiente se está tramitando en curaduría. Sin embargo, La Opinión averiguó con las dos curadurías urbanas de la ciudad y encontró que en ninguna existe una solicitud de licencia ni de permiso para esta obra. Incluso, este diario conoció que en repetidas ocasiones el constructor Bolívar ha ido a solicitar permisos para otros proyectos con los documentos incompletos y sin cumplir con los requisitos legales, lo que ha hecho que dichos permisos no se expidan.

Pese a esto, el constructor Bolívar ha ofrecido de diversas maneras su proyecto, haciendo creer a posibles clientes que este es legal y que cuenta con todos los permisos. El 8 de agosto de 2011, en una comunicación de la oficina de planeación municipal se lee un concepto técnico sobre dicho proyecto urbanístico: “Según informe técnico, el proyecto que se viene desarrollando sin la respectiva licencia se denomina Villa Gabriela, el cual, además de lo anterior, se viene promocionando sin el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley (constancia de radicación de documentos). Este despacho solicita a usted de manera respetuosa mantenernos informados del trámite que se adelante al respecto, lo anterior para continuar con el respectivo control posterior de obras”.

Con tutelas frenan desalojos

Al revisar otro de los predios que tienen problemas de invasión, vuelven a aparecer en escena los nombres de Jesús Briceño y algunos miembros de la familia Velasco. Ellos, aprovechando el conocimiento que tienen de la zona y de la gente que se ha asentado allí y en los alrededores,  ofrecen lotes por sumas que oscilan entre 1 y 3 millones de pesos.

La situación es tan crítica que los mismos propietarios han tenido que presenciar cómo en sus tierras abren caminos, hacen loteos, entre otras maniobras, sin que puedan hacer nada al respecto.

La actual administración ha tratado de cumplir con las ordenes de  desalojo de los predios invadidos lo cual ha sido imposible.

¿La razón? Los invasores cada vez utilizan más mecanismos para frenar la actuación de la justicia. Después de surtir todos los trámites necesarios para poder hacer el respectivo desalojo del lote invadido, el proceso se ha visto frenado por las tutelas que interponen los invasores.

En estas tutelas, aunque los mismos solicitantes reconocen que son invasores, argumentan el derecho a la vivienda digna y a la protección del Estado ante su condición de desplazados. Solo el hecho de que un juez acepte la tutela basta para que la orden de desalojo emitida por la Alcaldía se suspenda.

Por eso, esta herramienta se ha convertido en la mejor estrategia de los invasores, pues se han dedicado a instaurar tutelas paulatinamente. Así por ejemplo en un predio donde hay 300 invasores, la estrategia es poner de una en una y así logran frenar hasta 300 veces la orden de desalojo.

Este diario analizó varias de las tutelas interpuestas por los invasores de los alrededores del anillo vial, y encontró que muchas han sido  presentadas por el abogado: Gary Walter Santander.  Además, todas tienen el mismo formato, con los mismos errores, como ser presentadas a titulo personal pero dice en varias partes “mis mandantes”.  En muchos casos las tutelas han sido negadas, pero en otros, los jueces ordenan a la administración municipal darle una vivienda al invasor en un plazo de 60 días, para poder proceder con el desalojo.

¿Desplazados o avivatos?

Ese es el caso de Gladys Reyes Velandia, una desplazada de San Pablo (Bolívar) que dice haber invadido uno de esos terrenos junto con otras 620 familias. Ella interpuso una tutela con el fin de suspender el desalojo de ese predio programado para octubre 10 de 2011. Diez días después de la solicitud, el juez octavo civil municipal le negó el derecho solicitado. Sin embargo, el 24 de octubre de ese mismo año, Reyes apeló el fallo. La respuesta emitida por el juzgado primero civil del circuito, confirmó parcialmente el fallo de origen, pero le ordenó a la Alcaldía Municipal en el termino de 15 días siguientes, proveerle a la demandante y a su núcleo familiar un albergue temporal provisional hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar que cuente con los elementos indispensables de una vivienda digna.

Sin embargo, el juzgado de la segunda instancia no tuvo en cuenta la contestación del antiguo Acción Social,  hoy Departamento de Prosperidad Social (DPS) del 20 de octubre de 2011, en la que le pide de manera respetuosa al despacho del juez “negar las peticiones incoadas en el escrito de tutela, en razón a que Acción Social ha realizado dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la solicitante”.

Para afirmar lo anterior, la entidad presentó un cuadro con las ayudas que ha entregado a Reyes Velandia en el que se observa que en un plazo de 4 meses –entre abril y agosto de 2008– se le entregaron ayudas por $3’340.000, entre las cuales figuran varios desembolsos por concepto de subsidio mensual de arriendo por $110.000.

En la comunicación se lee, además, que Acción Social debe ceñirse a los procedimientos establecidos para poder otorgar subsidios de vivienda, “razón por la cual la persona interesada debe postularse ante las cajas de compensación familiar para acceder al subsidio, previo cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados por estas”. Y agrega que “las decisiones de Fonvivienda y las respectivas cajas de compensación son autónomas, las toman luego de un análisis respectivo y Acción Social no tiene ninguna injerencia en las mismas, ya que nuestra actividad se limita a la coordinación”.

El caso de Reyes Velandia se repite en otras personas desplazadas, en las que se han encontrado coincidencias que han generado sospechas en las autoridades.

Es el caso de Nury María Jácome, desplazada de Sardinata e invasora de este mismo predio, quien también presentó una tutela para frenar el desalojo aprobada por la Alcaldía. En primera instancia un juez ordenó suspender la diligencia hasta tanto el Estado y el municipio logren garantizarle acceso a un albergue temporal o a una solución de vivienda.

La alcaldía apeló dicha decisión y el juzgado tercero penal del circuito, el 20 de enero de 2012, en segunda instancia confirmó la susoensión del desalojo por 2 meses, plazo en el cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deberá adoptar las medidas necesarias para garantizarle sus derechos constitucionales como persona en situación de desplazamiento.

Como respuesta a dicho fallo, el DPS le contestó a la Inspectora Segunda Urbana de policía: “….con todo respeto procedo a informar que no cuento con la asignación presupuestal ni con la delegación de funciones para dar cumplimiento a las ordenes judiciales proferidas dentro de las acciones de tutela iniciadas contra la entidad (sic)”.

En dicha comunicación, el DPS informa que a Jácome ya se le realizó la entrega de ayuda humanitaria y destaca, incluso, que esa entidad dispuso para ella subsidios de $360.000 a través del Banco Agrario los cuales no fueron cobrados por la desplazada en el plazo establecido. Por lo tanto, los dineros fueron devueltos a las arcas del Estado.

No contenta con la respuesta de Acción Social, la Inspectora segunda urbana de Policía una de las encargadas para llevar a cabo los desalojos de este sector, le solicitó a Jácome ubicar su vivienda para poder realizar una visita y constatar las condiciones en las que vivía. La inspectora fue testigo de las dificultades que tuvo Jácome para ubicar su residencia en el sector. Finalmente, llegaron a una vivienda donde no se observaron pertenencias de la mujer.  

Esa situación, al parecer, se ha vuelto común entre las zonas de invasión, donde algunos van y hacen cerramiento de un lote con palos y lonas verdes, pero no los habitan. Según Álvaro Hernández, secretario de Planeación Municipal, “esta es una práctica que utilizan para tomarse las zonas con miras a que el tiempo pase y puedan, más adelante, pedir la legalización de esos terrenos y establecerse allí formalmente como ha ocurrido en muchas zonas de la ciudad”.

Llegan de todos los rincones del país

A las autoridades municipales les preocupa la situación que se está presentando con los desplazados, quienes al parecer han encontrado en la ciudad un lugar ideal para establecerse. Lo grave es que a Cúcuta han llegado desplazados desde todos los rincones del país.

“No entendemos porqué un desplazado del Meta, de Bolívar, del Magdalena Medio termina en Cúcuta. La falta de autoridad en administraciones anteriores hizo que nuestra ciudad se volviera un paraíso para los invasores y para la ilegalidad. Por eso vienen a establecerse aquí”, explica Hernández.

Según los registros oficiales, en la ciudad viven 22 mil familias desplazadas, convirtiendo a la Cúcuta en la tercera ciudad con mayor recepción de esta población después de Bogotá, Soacha y el Magdalena Medio.

Aunque las autoridades reconocen que, en efecto, existe un problema social pues muchas de las familias que invaden terrenos lo hacen por verdadera necesidad, también saben que existe una mafia de las invasiones que ha encontrado en este proceso un negocio muy lucrativo.

El Secretario de Gobierno del municipio, David Castillo, asegura que en varias diligencias de desalojo se han encontrado sorpresivamente, con caras conocidas. “En algunas invasiones vemos a las mismas personas, lo que nos ha puesto a pensar que estamos frente a un cartel de invasores profesional que hacen esto como una forma de vivir”, asegura el funcionario.

El propio alcalde de la ciudad Donamaris Ramírez, asegura que “a lo largo de los años las tierras del municipio y de los particulares se las han robado unos invasores profesionales. Si bien allí hay personas necesitadas, no es menos cierto que los que las promuven estas invasiones son profesionales que se dedican a vender sueños falsos que terminan convirtiendose en pesadilla. Estas ventas irregulares se convirten en un circulo vicioso muy coplicado”.

El mandatario aseguró que en los últimos días el municipio fue condenado por un juez a pagar $1.200 millones de pesos por haber permitio una invasión en un barrio del sector de Las Américas. “Ahora los que están ubicados en esos terrenos tendrán que comprarle la tierra al municipio, pues ahora el municipio es el propietario de estos”, aseguró Ramírez.  

Para hacerle frente a estas siuaciones de invasión, la Alcaldía creó un frente jurídico exclusivamente para evitar que, en adelante, se sigan robando la tierra en Cúcuta.  

El alcalde Ramírez además, hizo un llamado a los jueces para que analicen con detenimiento como hay unos carteles de invasores que lo que están haciendo es robándose la propiedad que no es de ellos.

‘Mafia de invasores’

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), coronel Álvaro Pico Malaver, sostuvo que en la ciudad hay una mafia de invasores que ha aprovechado ciertos lotes a las afueras de la ciudad para parcelarlos y venderlos a familias que, sin ningún tipo de garantía legal sobre el negocio, acceden a entregarles dinero.

Además, Pico indicó que en algunas zonas, los propietarios de terrenos han propiciado las invasiones en sus predios para luego venderles a los ocupantes los lotes, sin el lleno de los requisitos de ley.

Ante esta situación, Pico afirmó que no puede asignar policías permanentes para que custodien bienes privados.

Según dijo, la Policía regularmente tiene presencia en estos terrenos y, “si hay uno invadido, de inmediato retira a los responsables”.

“Si ya están asentados desde tiempo atrás, se deben iniciar procesos jurídicos”, dijo. “La Policía no puede dedicarle todo su personal a cuidar predios privados y la actuación, en caso de que ya se haya presentado una invasión, es competencia administrativa y no de la Policía”.

Pico también dijo que en lo corrido del año se han registrado 25 capturas relacionadas con el fenómeno de la invasión en la ciudad.

“Por usurpación de inmuebles hemos capturado a 19 personas. La mayoría de estos casos se presentaron en el barrio Tucunaré, de la ciudadela Juan Atalaya. Por invasión de tierra o edificaciones, hemos capturado a 6 personas, por casos registrados en Antonia Santos y El Progreso”, finalizó diciendo.