La Procuraduría General de la Nación solicitó a ocho alcaldes del país, entre los que están los mandatarios de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, a no continuar con cobros no autorizados respecto a la tasa de sistematización asociada al Impuesto Departamental de Registro y el Registro de Industria y Comercio.

Según la Procuraduría, estos son cobros no están autorizados por la ley, por lo que solicitó a los mandatarios de los mencionados municipios nortesantandereanos y de Bucaramanga, Barrancabermeja, Pasto, Ipiales, Tumaco no continuar con este recaudo.

El Ministerio Público también “requirió a los mencionados entes territoriales información sobre la existencia de costos asociados a la digitalización, automatización y operación de estos registros y/o trámites y las razones que han impedido gestionar el proyecto de acuerdo municipal para excluir los cobros indebidos”, explicó la entidad en el comunicado.

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Los mandatarios deberán informar sobre los cobros no autorizados que se están aplicando a los contribuyentes y las acciones adelantadas para garantizar la gratuidad del trámite de inscripción, modificación o cancelación del mencionado registro.

Al respecto, la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre la necesidad de dar cumplimiento a los decretos antitrámites y prescindir de los cuestionados recaudos con el fin de “optimizar la oferta institucional, potenciar el desarrollo de la actividad empresarial y promover el acceso equitativo a nuevas oportunidades”.

¿Qué dice la Alcaldía de Cúcuta?

Esta redacción se comunicó con la administración municipal de Jairo Tomás Yáñez, concretamente con la Secretaría de Hacienda, respecto a los señalamientos que realizaron desde el Ministerio Público.

Fuentes de esta dependencia manifestaron que dichos cobros de sistematización por el impuesto de Industria y Comercio no se vienen realizando en la capital de Norte de Santander, por lo que emitieron una comunicación a modo de respuesta con los requerimientos que se hicieron desde la misma Procuraduría.

La Opinión conoció el documento que firmó la secretaria de Hacienda de Cúcuta, María Virginia Valencia Jiménez, quien le contesta la comunicación a  Gabriel del Toro Benavidez, procurador delegado primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

“Me permito comunicarle que el municipio de San José de Cúcuta no realiza cobro alguno sobre los trámites o formatos utilizados para el registro, modificación o cancelación del registro de Industria y Comercio”, comienza diciendo la respuesta.

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Desde la administración municipal aclararon que dichos trámites se realizan de manera virtual, en la página web de la alcaldía, y la respuesta a estos requerimientos se reciben por medio de los correos electrónicos por parte de los contribuyentes o peticionarios.

En la comunicación de la Alcaldía de Cúcuta, informaron que, además, estos formatos se encuentran de forma gratuita en el portal de la administración municipal.

En la comunicación resaltaron que los paz y salvo sí tienen un costo de $7.500, que corresponden a las “estampillas exigidas por ordenanza departamental (Estampillas pro hospital, de $4.000;  y pro desarrollo académico para la universidad pública, por $3.500)”.

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