El contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba accedió a una solicitud que le presentó en días pasados su homólogo de Cúcuta, Oscar Sandoval, para adelantar una acción conjunta que conlleve a establecer responsabilidades en la demora de poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar de la capital nortesantandereana.
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Sandoval manifestó ayer a La Opinión que su despacho adelanta las diligencias de ley pertinentes para proceder con la misión de vigilancia al citado programa, pese a ser este financiado en un gran porcentaje con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
Esta acción conjunta y coordinada se daría entre la Contraloría Municipal de Cúcuta y la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que a la fecha la Alcaldía de Cúcuta no ha adjudicado aún el PAE correspondiente a la presente vigencia, dijo Sandoval.
Añadió que se hace necesario efectuar seguimiento al cumplimiento de las principales obligaciones que se contemplen en el contrato resultante una vez se adjudique el proceso de selección que se encuentra en curso.
Es de señalar que el PAE Cúcuta, beneficia aproximadamente a 78 mil niños de estratos 1, 2 y 3, presentando un gran impacto social dado que las condiciones socioeconómicas de esta región se reflejan en los indicadores de desempleo e informalidad que son de los más altos del país, de conformidad con las cifras presentadas mensualmente por el Dane.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Jaime Marthey, indicó ayer que la Defensoría del Pueblo, en su misión de defensa del derecho fundamental a la educación, alerta la situación de emergencia educativa en algunas regiones del Norte de Santander, que ponen en riesgo y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a las barreras de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo.
“Es por ello que estamos oficiando a las secretarías de Educación con el fin de tener certeza sobre las cifras de matrículas, que seguramente se han afectado con la crisis migratoria, tanto este año como en los anteriores a la pandemia COVID/19, y así lograr identificar las diferentes situaciones que se atraviesan, y que finalmente puedan convertirse en motivo de deserción, tanto por posible inasistencia Estatal como por acciones ilegales por parte de los grupos armados que operan en la región.
El alcalde Jairo Yáñez coincidió con la preocupación que les asiste a los órganos de control en torno a la puesta en marcha del PAE. “Nosotros lo que hemos hecho es seguir rigurosamente lo que manda la ley”.
Agregó que se tiene el temor de que quienes en el pasado adjudicaban el PAE a dedo estén detrás de esta zozobra que se vive en la ciudad.
Yáñez dijo que su gobierno no se va a detener hasta lograr adjudicar el PAE de manera transparente, donde se eviten los monopolios del pasado.
Dijo también que su administración está dispuesta al llamado que respetuosamente haga el Concejo, sin embargo cuando se incurre en lo personal, “esas cosas no las entendemos”. “Lamentablemente lo que encuentra uno es injuria, malos tratos, grosería, eso no puede seguir pasando”, dijo Yáñez en franca alusión a señalamientos hechos por algunos concejales contra la secretaria de Educación Jessica Ramírez.
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