La Personería de Cúcuta, emprendió una acción constitucional de tutela que falló a favor de la población privada de libertad que permanece en situación de hacinamiento en los CAI de la Policía Metropolitana y las casas Gaula del Ejército Nacional.
Karol Yesid Blanco, personero de Cúcuta, informó que la acció se tomó debido a las pésimas condiciones en que se encuentran los detenidos en estos centros transitorios de detención, donde deben permanecer por un periodo no mayor a las 36 horas.
La situación ha generado peligros de fuga y vulneración a los derechos de los presos que permanecen en condiciones deplorables, debido a la falta de espacio, por lo que urge su traslado progresivo a la cárceles, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario INPEC
Blanco explicó que desde la Personería han determinado que la situación se agudiza conforme aumentan las capturas. Se producen aproximadamente 12 diarias. Sin embargo, se han encontrado con la realidad que la propia cárcel modelo está abarrotada de presos y eso se contrapone al cumplimiento del fallo.
“La cárcel no solo tiene hacinamiento, sino que también tiene problemas de infraestructura, de energía, de acueducto y de todo lo que tiene ver con materia sanitaria. Eso es lo que ha manifestado el personal del Inpec”, explicó.
Relató que en las celdas de la policía los detenidos están en condiciones “críticas”, donde se vulneran sus Derechos Humanos. “Se puede evidenciar que la comida llega en pocas raciones, cuando llega, llegar tarde y a veces en descomposición. Por otro lado, hay muchas personas que no tienen ni siquiera acceso a un baño, mientras otras que viven atadas a un palo donde les llega el agua y el sol”, manifestó Blanco.
Agregó que desde el ente municipal resulta preocupante que la Policía Nacional, “esté destinando alrededor de 45 y 50 unidades policiales para el cuidado de detenidos, cuando la policía está es para cuidar a Cúcuta, al ciudadano de a pie”, expresó.
Prisioneros de la vulneración
Carolina Rodríguez, encargada del área jurídica de la Personería de Cúcuta, explicó que desde el estudio que realizaron determinaron que en los distintos centros de reclusión de policía los detenidos estaban siendo “prisioneros de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales”.
Destacó algunos puntos como el derecho a la salud, a las visitas familiares y a la dignidad humana. Sin embargo, al no ser acatado el fallo de la acción constitucional de tutela que fue emitido por el Juzgado Quinto Administrativo, se incorporó en garantía al Inpec, a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta.
En consecuencia la Personería interpuso una acción de “desacato de tutela” en contra de esas entidades públicas, para que se accione en contra del hacinamiento en los centros transitorios.
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