En medio de un agitado debate que contó con mayor presencia de la Policía de lo habitual y donde reinaron las discusiones, las sensibilidades, las muestras de solidaridad y hasta las lágrimas se realizó ayer el control político de la Secretaría de Gobierno Municipal, uno de los más esperados por el Concejo de Cúcuta.

Aunque el debate pautado para las 9:00 de la mañana no inició de manera puntual, la presencia de vendedores informales en el Teatro Municipal hacía presumir que la sesión se extendería.

Hidela Benítez, secretaria de Gobierno del municipio, inició su intervención aclarando que traía ante la corporación una presentación de 180 dispositivas, de las que no llegó a explicar ni la mitad porque se le terminó el tiempo.

Los concejales rechazaron de entrada que la funcionara, no solo llegara a leer, sino que no respondiera a los temas que esperaban y que tenían que ver, en particular, con la implementación de la política pública para la recuperación del espacio público, la crisis que se ha presentado por el colapso del Cementerio de Central y la construcción de una cárcel para la ciudad.

Casi al unísono, los corporados condenaron los hechos que se registraron en el parque Amelia, ubicado en la calle 10 con Avenida Cero, la tarde del jueves, donde el equipo de la Secretaría intervino el lugar con la Policía para sacar a unos vendedores informales, en su mayoría extranjeros que ocupaban el espacio público.

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“Fue muy feo lo que vi ayer, el atropello contra esos vendedores. Hay que organizarlos, pero no golpearlos porque son seres humanos y la manera no es los golpes y a los maltratos”, dijo el concejal Edison Contreras. 

Respeto 

Lo ánimos comenzaron a caldearse, justo después de esa intervención del concejal del movimiento Todos Por Cúcuta, quien pidió a la plenaria que se hiciera un minuto de silencio por la “muerte” de la Secretaría de Gobierno, ya que a su juicio había fracasado en sus funciones. 

El concejal Jair Díaz pidió a la vicepresidenta del Concejo, Carime Rodríguez, que llamara a la sección de invitados a la doctora Miriam Socorro Rozo, procuradora 11 judicial II para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y de la mujer que se encontraba en las barras, junto a Jairo Jaramillo, secretario general de la Personería de Cúcuta.

Miriam Rozo pidió el derecho de palabra y cuestionó la forma “irrespetuosa” en que se estaba generando el debate, además de pedir a los corporados que se abstuvieran de emitir comentarios que pudieran proferir algún tipo de violencia de género. 

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato los concejales Carime Rodríguez y Carlos Dueñas hicieron el uso del micrófono para aclararle que las reglas del debate estaban establecidas en el reglamento. “Le exijo respeto con la corporación porque este debate se basa no en derechos de la mujer”, le dijo Dueñas.

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El segundo momento de tensión ocurrió dos horas después cuando pidió la palabra Alexander Gómez, encargado de asuntos jurídicos de la de Asociación Civil de Vendedores Informales de Cúcuta (Asovicut), quien recriminó a los concejales por supuestamente no haber atendido el llamado del gremio para trabajar en la política pública. “Nosotros si podemos hacerle un control político al honorable Concejo de Cúcuta”, desafió. 

Notoriamente ofendido, el concejal Carlos Dueñas pidió de nuevo respeto con la corporación y de manera enérgica le exigió al presidente del Concejo, Edwind Duarte, que condujera el debate a su unidad de materia que era la ejecución del presupuesto por parte de la Secretaría de Gobierno.

El Cementerio Central

El tema del Cementerio Central lo tocó a fondo el concejal Jair Díaz, quien de manera simbólica se presentó con una urna que elevó al pedir un minuto de silencio por todas las familias cucuteñas que han padecido las calamidades de este campo santo.

“En conmemoración al dolor que han tenido que padecer muchas familias que han perdido a sus seres queridos y se han encontrado con tantas dificultades para sepultarlos y la administración no hizo absolutamente nada”, dijo.
 

Amenazado

En medio del debate, hubo un derecho de palabra para el corregidor de San Pedro, Gerson Bonett, quien leyó una carta donde expuso la grave situación que viene atravesando por amenazas de muerte que ha recibido y que lo llevaron a tener que ejercer su trabajo desde el despacho de la Secretaría de Gobierno.

Con la voz entrecortada para contener el llanto, el corregidor pidió se le dé seguimiento al caso que pone en riesgo su vida, por la presencia de grupos armados en San Pedro, un corregimiento donde –dijo- existen actividades de minería legal, al margen de 14 minas registradas legales en el municipio. 
  

No estoy muerta

En su conclusión y entre lágrimas, Hidela Benítez respondió con un “yo no estoy muerta” al referirse a los señalamientos de algunos corporados.

Dijo que cuando recibió la Secretaría, en septiembre del 2022, lo hizo con 261 OPS y hoy tiene 44. También afirmó que, entonces, encontró una política pública de espacio público que solo tenía un avance del 30%.

Expresó sentir gran tristeza por lo ocurrido en el Parque Amelia, porque el 2020 “los caractericé cuando nadie quería salir a la calle y los conocí uno a uno”, expresó.

Cree que ese procedimiento se les salió de las manos y no terminó como estaba planeado. “Un operativo que no debió hacerse de manera violenta, terminó en violencia. Hubo personas atropelladas, golpeadas, capturadas y eso no debió ser así.  Asumo la responsabilidad y lo que puedo decir es que si hubo exceso o violación de derechos humanos que acudan a los entes correspondientes y se investigue quienes son o somos los responsables”, declaró.

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