La Fiscalía abrió investigación contra el exsecretario de Desarrollo de Cúcuta, Jairo Pulecio y su exasesor Jorge Parra, por su responsabilidad en el arrendamiento ilegal de un terreno de 7.35 hectáreas a un particular.-
El terreno está en la vereda San José de la Vega, corregimiento de Buena Esperanza.
El caso se conoció a raíz de la denuncia de la presidenta de la vereda San José de la Vega, María Victoria Carrero, quien aseguró que Juan José Roa, ocupante del predio, dijo tener el aval de Pulecio y Parra, para explotarlo.
Aunque en el contrato 266, en poder de los entes de control, aparecen las firmas de Parra, Roa y Pulecio, este último negó que fuera la suya. Dijo a La Opinión que denunciará el caso a la Fiscalía esta tarde.
Pulecio aseguró que jamás en su vida había visto el documento. Sin embargo, en una segunda charla, dijo que en algún momento intentó arrendar el predio, pero no lo hizo, porque la oficina Jurídica le dijo que era ilegal.
Su exasesor y Roa lo contradijeron, y reconocieron que son sus firmas, y que el contrato lo elaboraron los tres, pero que no se ejecutó.
Más documentos falsos
El secretario de Desarrollo, Álvaro Hernández, dijo que hay otros documentos con la firma del Pulecio, dándole poder a Roa para representar a la alcaldía ante Asovega, reguladora del agua en San José de la Vega.
Hernández, dijo que a toda luz el documento es ilegal, porque Pulecio no es secretario de Desarrollo desde el año pasado.
Pulecio negó haber redactado y firmado este documento.
Según el contralor municipal, Carlos Coronel, enterada de la situación desde febrero, la Alcaldía suspendió el riego del predio y descalificó los documentos.
“La Alcaldía dijo que sí hay un contrato 266, pero tiene que ver con otro asunto y no con el caso del lote de San José de la Vega”, dijo.
El contralor también dijo que la Alcaldía no reconoce ni ha recibido dineros por concepto de arrendamiento del predio.
Por su parte, el procurador, Alfonso Suárez, dijo que espera ser notificado del caso, y que actuará de oficio en el caso.
Ayer, Roa dijo que en el predio siembra arroz y que nunca ha pagado por ocuparlo.
Ayer hubo una reunión de los implicados con el secretario General, Jimmy Galán.
Sobre el caso se intentó hablar con el alcalde Donamaris Ramírez pero no fue posible.
Por este caso, la Contraloría Municipal ordenó al alcalde entregar una relación detallada de todos los predios rurales y urbanos del municipio, así como verificar qué espacios públicos han sido arrendados, entregados en comodato o entregados en cesión.
Por el uso irregular de este predio, a través de un contrato no reconocido, el municipio ha perdido desde diciembre de 2012 a la fecha unos 100 millones de pesos.
