El traspaso de la propiedad del edificio donde funciona el Centro Temporal de Protección, en la vía de entrada a Cenabastos, para que la Alcaldía condicione allí un Centro Temporal de Reclusión se adelanta por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal.
El anunció lo hizo Hidela Benítez, secretaria de Gobierno, durante su intervención, ayer, en una sesión de la Corporación Concejo de Cúcuta que se hizo para escuchar las demandas de los comerciantes formales en materia de seguridad.
La funcionaria dijo que esta decisión pretende dar cumplimiento a la sentencia FC-122 del 1022 de la Corte Constitucional por hacinamiento en centros de detención transitoria y que permitirá hacer frente a la sobrepoblación en las estaciones de Policía de Cúcuta.
El fallo ordenó a las autoridades locales con control sobre estos centro transitorios que, en un año a partir de su notificación, provean instalaciones que cumplan con las condiciones de seguridad y asistencia adecuadas para recibir temporalmente a las personas que aún no han sido trasladadas a una cárcel y que se encuentran en URI y estaciones.
Lea también: Declaran insubsistente al director del Sena en Norte de Santander
“Ya identificamos el predio, ya estamos en el proceso de saneamiento predial porque desafortunadamente el predio que debía estar en cabeza del municipio, aún está en cabeza de la Policía Nacional, pero pese a eso construyeron el Centro Temporal de Protección que es el que va fungir como Centro Temporal de Reclusión”, señaló.
Por el momento, indicó, no han podido iniciar la intervención de las instalaciones, a espera de que la Policía haga la revisión jurídica de la resolución de entrega que debe pasar a Bogotá para la firma y la legalización del predio.
También, notificó a la Corporación que por vía de recursos del balance se dispondrá de $770 millones para la primera fase de adecuación del centro, aunque admitió que esa suma de dinero era muy escasa para lo que el trabajo del inmueble amerita, de manera que pueda acondicionarse como centro de detenidos.
“Lo que tenemos previsto es hacer el cerramiento y blindar el predio para luego continuar con las adecuaciones y ahí si poder hacer un traslado de una primera fase de máximo 200 personas privadas de la libertad”, agregó.
Le puede interesar: La nueva advertencia de Álvaro Uribe si se aprueba la reforma a la salud
Explicó que en el Centro Temporal de Protección en este momento hay cuatro inspectores de Policía y una comisaría de familia que serán trasladados y reubicados de manera adecuada a otro espacio donde puedan dar cumplimiento a sus obligaciones.
Hacinamiento y comidas
En el último reporte que recibió la Secretaría de Gobierno de los detenidos que se encontraban en las estaciones de Policía de Cúcuta, para la primera semana de abril, fue de 708 personas. De estas, 500 son del municipio de Cúcuta y el resto pertenece a los municipios de Puerto Santander, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario.
La Secretaría de Gobierno también informó que para el 29 de julio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), termina el contrato para el suministro de alimentos para las personas privadas de libertad en las estaciones policiales.
Al respecto, el despacho recibió $500 millones que destinarán para la preparación y entrega de estas raciones de comida, aunque, indicó Hidela Benítez, tampoco será suficiente, ya que para cubrir el segundo semestre se requieren al menos $3 mil millones.
Estas fueron algunas consideraciones que tomó en cuenta la Corporación para solicitar que los $135 mil millones no ejecutados por la Alcaldía de vigencias anteriores, se reincorporen $7 mil millones a Gobierno, para temas que tiene que ver con la seguridad.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
