La Secretaría de Equidad de Género de Cúcuta prepara para el 2023, la creación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 

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Esto, con el propósito de garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género en la capital nortesantandereana, con una visión de largo plazo y, que además, busca sobrepasar los periodos de los gobiernos y orientar el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. 

La ruta para establecer dicha Política inició en el 2021 con la fase de ‘Planeación, cuestionario y muestreo estadístico a mujeres del municipio de San José de Cúcuta’. 

Mientras que en este año se desarrollaron 5 momentos relacionados con la formulación y análisis de la línea base: principales hallazgos identificados, participación ciudadana de diálogo para la construcción de alternativas de solución, la elaboración del documento de Política Pública y la consolidación de los principales ejes temáticos a partir de las problemáticas evidenciadas. 

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“En 2021 se realizó la primera etapa de la formulación de la Política Pública, caracterización socioeconómica de 384 mujeres a través de visitas domiciliarias en 60 barrios de la zona urbana. En 2022 se cuenta con la hoja de ruta para la construcción de la Política Pública de mujeres y equidad de género, la cual incluye: Línea base, sistematización de encuestas, identificación y análisis de problemas. Ficha técnica del proceso de participación de mujeres, conformación de mesas, identificación de mapa de actores, documento de agenda pública, cronograma de mesas de participación, transversalización desde el Plan de Desarrollo Municipal e identificación de acciones de género”, explica el documento de base entregado por la Secretaría. 

En dicha caracterización, se identificó cómo las mujeres califican su libertad y capacidad para reconocer, defender y ejercer sus derechos, así como también, qué tanta incidencia tiene el contexto familiar en sus aspiraciones como mujer. 

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También se precisó cuántas mujeres cuentan con el Sisbén y qué enfermedades presentan, concluyendo que, aunque la mayoría no identifica sus problemas de salud en específico, su acceso a los servicios médicos es limitado, lo cual es un problema y un derecho vulnerado al que se le debe encontrar una solución. 

En cuanto a la incidencia de las mujeres en temas de participación política, las encuestas demostraron que los niveles de participación son bajos, pues solo el 2% de las encuestadas se ha postulado para algún cargo de representación popular. Además de esto, el muestreo evidenció que las mujeres tienen a votar más por hombres que por mujeres.

Violencia 

En el tema de la violencia, el 38% de quienes participaron de los procesos aseguró haber recibido tratos humillantes por sus parejas o familiares; el 37% ha sido insultada por parte de sus familiares o parejas y al 12,8% se les ha impedido tener relaciones sociales con amigos.

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Mientras tanto, a un 23,7% de las mujeres encuestadas indicó que han recibido golpes de sus familiares o de su pareja, el 26,3% ha recibido empujones por sus familiares o parejas y el 13,6% ha sufrido de jalones de cabello por su pareja o sus familiares.

“La mayoría de las mujeres encuestadas han sufrido violencia patrimonial por parte de sus parejas. Ahora bien, la mayoría identifica que ha sido privadas de los medios económicos indispensables para vivir y también identifican que sus parejas les han prohibido trabajar”, añade el informe. 

La situación más problemática se presenta en los casos de acoso sexual, identificando 16 situaciones, cuyos principales victimarios son su pareja o un familiar. 
También se identificaron 18 casos de acoso sexual verbal y 16 casos de exhibición de órganos sexuales, cuyo principal victimario es un extraño. 

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Con la información recolectada y a través de diferentes mesas de diálogo, las mujeres le apuestan a lograr una autonomía económica como puerta habilitadora hacia los demás derechos. 

Esto, teniendo en cuenta que el empoderamiento económico es un antídoto para las violencias basadas en género, facilita y posibilita el liderazgo social de las mujeres para que sean agentes constructores de paz en sus territorios y, además, promueve su participación en escenarios políticos y económicos. 

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