Desde este 5 de enero entró en vigencia en el país un seguro gratuito para los conductores de vehículos particulares que será incluido en la revisión técnico-mecánica para responder por daños ocasionados a terceros.

De acuerdo a esta normativa, el costo de la póliza de responsabilidad civil correrá a cuenta de los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), y no podrá recargarse como sobrecosto a los usuarios y tendrá la misma vigencia del seguro emitido.

El seguro deberá tener un valor asegurado de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 SMLMV), que equivalen a $17 millones 400 mil, para los vehículos de servicio particular y de siete salarios mínimos vigentes (7 SMLMV), que corresponden a $8 millones 120 mil, para motocicletas y similares.

Se trata del artículo 6 la Ley 2283 de 2023, por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002, para reglamentar la actividad de los organismos de apoyo al tránsito, “garantizando el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), como mecanismo de prevención y amparo de la siniestralidad vial”.

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Enfrentados 

La controversial  ley no fue recibida con ningún agrado por parte de los representantes de los CDA. Tan pronto fue sancionada,  hubo pronunciamientos en contra, tantos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) como de la Asociación Nacional de CDA (Aso-cda), organizaciones que anunciaron medidas con las que pretenden echar abajo su reglamento por considerarlo “inconstitucional”. 

Y es que en el artículo 6, la norma establece que los CDA deberán tomar con una empresa aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, la póliza que cubrirá los daños materiales a terceros de los vehículos amparados por los certificados que expida.   
 

Inadmisible 

Fenalco, la Asociación Nacional de CDA y la Asociación nacional de Centros de Apoyo al Tránsito (Acedan), dieron a conocer a través de un comunicado que emprenderán acciones jurídicas y de otra naturaleza frente al Gobierno Nacional, los organismos judiciales y todas las instituciones para oponerse al nuevo reglamento.

Han pedido una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer “la gravedad de la situación”, teniendo en cuenta “la imposibilidad de asumir el valor de la póliza y lo inadmisible e injustificable que un CDA deba responder por los daños que ocasionen los vehículos a terceros por las diferentes circunstancias del conductor en la vía”, dice documento. 

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Anunciaron que demandarán la Ley 2283 de 2023, artículo 6, parágrafo 2, con la única finalidad de que se declare la “inconstitucionalidad de la norma” que desata “un conflicto de intereses entre el sector privado y los intereses generales y colectivos de un país”, señalan.  

Además, pidieron una reunión con Fasecolda para exponer la inviabilidad financiera de los CDA en asumir dentro de su canasta de costos el valor de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

La agremiación de comerciantes considera que este seguro generará “igual o mayor corrupción de la que ha presentado el SOAT en el país”.
 

‘Nos están condenando al cierre’

Fernando Villamizar, representante legal de dos centros de diagnóstico ubicados en Los Patios, dijo que la decisión se tomó sin contemplar los costos de las pólizas en correspondencia con el costo de las revisiones, lo que podría traer como consecuencia el cierre de muchos CDA. 

“Nosotros presentamos una estructura de costos finalizando el año pasado para subir el precio de la revisión y ningún centro de diagnóstico contempló esa póliza porque en ningún momento nos informaron, ni nos consultaron”, declaró.

Villamizar explicó que el Ministerio de Transporte emite una resolución que fija el costo máximo y mínimo de las revisiones técnico mecánicas, pero asumiendo ese incremento las empresas se verían obligadas a reconsiderar la estructura de costos para irse al “techo” y así no generar pérdidas. 

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“Yo certifico el vehículo, pero no tengo la responsabilidad de lo que el conductor haga después que sale el centro para la revisión”, agregó.

Tendrán que cargarlo al cobro

Sergio Palacio, presidente de Fenalco en Norte de Santander, señaló que la Ley 2283 afecta la rentabilidad y los márgenes de productividad de los Centros de Diagnóstico Automotriz, al cargarles un seguro cuando ellos no tienen la responsabilidad de lo que haga el propietario con su vehículo. 

Dijo que esta norma fue “mal concebida” porque una póliza de responsabilidad civil es incompatible con la naturaleza básica del seguro y de los CDA. “Los centros de diagnóstico responden solamente por los exámenes de diagnóstico que ellos hacen o por la parte técnica del vehículo y con esto se está abortando la misión para la cual fueron creados”, recordó.

Por último, explicó que la medida llevará a los centro de diagnóstico a evaluar la posibilidad financiera de cobrar al usuario ese costo, bien sea como un servicio extra o recargándolo al costo total que tengan que pagar por el servicio. 

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Cualquier daño

Mayid Gene, secretario de Tránsito de Cúcuta, aprueba que se haya incorporado a la normativa la figura de una póliza de responsabilidad civil para daños ocasionados a terceros, por cuanto en Colombia, afirma, la cultura del seguro todo riesgo  que deberían tener todos los automotores es “muy baja”. 

Lo que sí es objeto de consideración son las consecuencias que la ley podría traer para los precios de las revisiones, tomando en cuenta que un porcentaje de lo que pagan los usuarios se destina al pago de tasas “y eso estaría reduciendo el margen de operación y de utilidad”, opinó el funcionario.

Gene explicó que la póliza que deben entregar los CDA por los certificados que emitan, contempla cualquier daño generado a terceros por un vehículo que haya superado la revisión y no solo en caso de accidente sin víctimas o lesionados.

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