El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda de nulidad electoral que interpuso contra Sandra Ortega, actual rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, el ciudadano José Heriberto Moreno.
Las pretensiones del querellante es que se anule el acuerdo 0947 del 22 de noviembre de 2022, mediante el cual el Consejo Superior de la UFPS designó a Sandra Ortega como rectora del alma mater para el periodo 2022 – 2026.
El caso, que le correspondió al despacho de la magistrada Josefina Ibarra Rodríguez, fueron vinculados la Universidad Francisco de Paula Santander y el Consejo Superior Universitario.
Los cargos expuestos por Moreno para que se anule el citado acuerdo tienen que ver con la actuación de cinco miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), “porque estaban incursos en conflicto de intereses y, en consecuencia, impedidos el pasado 22 de noviembre de 2022 para designar rectora a Sandra Ortega para el periodo 2022-2026.”.
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Moreno recordó que el 25 de julio de 2021 los citados consejeros también habían designado a Héctor Parra como rector para el periodo 2021 – 2025.
“En aquella época los miembros del Consejo Universitario y la misma secretaria de dicho órgano, la hoy rectora Sandra Ortega, conocieron que se iba a designar de manera ilegal a Parra para la Rectoría y, en consecuencia, debieron denunciarlo ante la Procuraduría y la Fiscalía, pero no lo hicieron, por lo que incurrieron en el delito de prevaricato por acción”, agregó el autor de la demanda de nulidad electoral.
Estos mismos miembros que designaron a Parra hicieron lo mismo con Ortega, lo cual en opinión de Moreno demostraría que ellos “están incursos en conflicto de intereses”.
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“Todo se hizo ajustado al reglamento de la UFPS”
La rectora de la UFPS, Sandra Ortega, le dijo ayer a La Opinión que se encuentra tranquila porque considera que su nombramiento fuelegal y que no existe conflicto de intereses.
Al asegurar que respeta el derecho que les asiste a los ciudadanos que consideran la existencia de un vicio en la designación, dijo estar convencida que su elección fue ajustada a las normas.
Ortega se abstuvo de comentar el caso de los consejeros, sobre el cual la Procuraduría en su momento y previo a las elecciones hizo su pronunciamiento respecto de la existencia de algún impedimento o conflicto de intereses, en el que no encontró mérito alguno para abrir alguna acción disciplinaria por posibles vicios.
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