El Cúcuta Deportivo tendrá mañana a las 9:00 a.m. una de las citas más importantes en su historia administrativa reciente. Ante la Superintendencia de Sociedades, José Augusto Cadena, presidente del equipo motilón y el jurídico Juan Carlos Paredes tendrán que demostrar, por cuarta vez en el año, que le cumplieron a los acreedores del proceso de reorganización empresarial en medio de la suspensión del reconocimiento deportivo por incumplir laboralmente.
Los rojinegros fueron aceptados en este proceso en febrero del 2012 y la confirmación de su admisión se dio el 22 de mayo del 2013. En aquel momento, graduaron y calificaron las deudas con sus acreedores, entre ellos la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y Deportes (IMRD).
En un documento presentado por la institución deportiva, con el municipio la deuda se fijó con un valor de 701.117.638 pesos, correspondientes a impuestos de espectáculos públicos a corte de junio del 2008, junio del 2009 y junio de 2010 ($586.532.638) e impuesto de Industria y Comercio de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 ($114.585.000).
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Mientras que con el Imrd, se tasó en 1.540.095.505 pesos, de impuestos de espectáculos públicos de 2007, 2008, 2009 y 2010. Según el club, a septiembre del 2020, ya le había pagado $310.253.415 de la deuda total al Instituto.
Anunciada desde hace un año
La Superintendencia de Sociedades anunció el 29 de noviembre del 2019 que el Cúcuta iniciaría la audiencia por incumplimientos el 20 de enero de este año, debido a que dejó de hacer los pagos a la Alcaldía y al Imrd en el 2018.
En el primer encuentro, las partes decidieron suspender con el fin de acordar y verse las caras el 24 de febrero, una fecha que acordaron. En ese periodo de un mes y cuatro días, las comunicaciones entre el Cúcuta Deportivo y la Alcaldía y el Imrd, no fueron las mejores.
La relación estuvo en un momento crítico a tal punto que hasta el alcalde Jairo Yáñez propuso, un día antes de la reanudación, que entre todos los ciudadanos se comprara el equipo en llegado caso de presentarse una liquidación.
En la audiencia, la tensa relación se apaciguó con la presencia del expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien se prestó como garante para los pagos. Ese día se acordaron los pagos (que iban a efectuarse con el dinero de la venta de los derechos de televisión), pero como denunciaron los acreedores y es de conocimiento nacional, nunca llegaron.
El 20 de abril debió reanudarse por segunda vez con el fin de verificar si se estaba cumpliendo lo acordado el 24 de febrero, pero no fue posible a causa del Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país por la pandemia de la COVID-19.
Tras este bache de tiempo sin poder efectuarse, por solicitud de los acreedores, la Supersociedades, el 27 de julio, dio como nueva fecha al 13 de agosto, día en el que sí se cumplió el procedimiento y se llegó a un nuevo acuerdo, que se revisaría el 24 de septiembre.
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En aquel encuentro, el Cúcuta Deportivo ofreció como garantía unos lotes que no fueron aceptados por ninguna de las partes.
Días antes de la citación de la Supersociedades para verificar el cumplimiento de lo pactado, la oficina jurídica del Cúcuta interpuso una tutela alegando que la Alcaldía y el Imrd le violaban el derecho a la igualdad al no incluirlo en los descuentos estipulados para deudores en el decreto 0149 del 2020, a pesar de que el municipio si lo acogiera y aplicara una reducción de 100 millones si hacía el pago.
Buscando evitar un perjuicio irremediable, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Adolescentes de Cúcuta le pidió a la Supersociedades que suspendiera la reanudación. Efectivamente sucedió así.
A la postre, la tutela fue declarada improcedente por el mismo juzgado.
El Cúcuta impugnó esta respuesta y nuevamente, pero esta vez el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, ratificó el fallo de primera instancia.
Por ello, la Supersociedades determinó como fecha el 11 de noviembre a las 9:00 a.m., en la que también el club deberá demostrar que le cumplió a la DIAN, ICBF, Colpensiones y a los jugadores Javier López, Mateo Cardona, Henry Obando, Jhonny Da Silva y Carmelo Valencia, quienes tuvieron representación en la pasada audiencia.
Al consultar si el equipo ha hecho los pagos, a la Alcaldía ni al IMRD, les ha cumplido. Con relación a la última audiencia, la deuda ante las entidades de Cúcuta ha aumentado tras vencerse otra cuota trimestral. A la primera de ellas la deuda ronda por los 500 millones vencidos mientras que a la segunda ya superó los 1.000 millones.
La Opinión buscó al abogado de los jugadores, pero no obtuvo respuesta.
Es necesario precisar que el decreto 0149 de 2020 fue declarado por la Corte Constitucional como inexequible, pero el alcalde Yáñez presentó un proyecto de acuerdo para mantener los beneficios a los deudores del municipio.
Así las cosas, parece evidente la llegada del proceso de liquidación judicial al Cúcuta Deportivo.
Todo esto acontece en un momento crítico en la parte deportiva, donde el equipo es último de la Liga colombiana con 14 puntos, tras 18 jornadas disputadas.
En lo deportivo, el equipo es último en la Liga. / Dimayor
