Es el clamor ciudadano ante la arremetida del hampa criolla y extranjera que se tomó por asalto el área metropolitana. En el pasado teníamos seguridad en nuestras casas, en lugares concurridos, iluminados, ahora son precisamente estos lugares donde más atracan. A plena luz del día y de noche en establecimientos públicos, en la calle no importa la hora y si está desolada o concurrida, en nuestras casas, en fin no hay barreras que impidan que a diario se cometan estos delitos que en la mayoría de los casos no quedan registrados ni en las cámaras de seguridad que no se entiende para que carajos sirven. Al Concejo, se le abona, citó a sesión pública y secreta a los organismos de seguridad para que dieran explicaciones al respecto. Se anunciaron medidas como el aumento del pie de fuerza, la vigilancia permanente de un helicóptero en la ciudad, fortalecimiento de su sistema de inteligencia y otras más que indudablemente mitigarán un poco el accionar de los amigos de lo ajeno. Pero lo que llamó poderosamente la atención y que toda la ciudadanía conoce, es la queja pública y privada que hizo la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), si no directamente sí veladamente, cuando manifestó que la mayoría  de las personas capturadas ya habían sido detenidas en varias oportunidades, principalmente por los delitos de porte ilegal de armas y hurto a personas, o sea reincidentes. Y quienes son los que los sueltan, huevo es y gallina lo pone, ¡los jueces! Amparados en una mal llamada política criminal para el descongestionamiento de las cárceles conceden a diestra y siniestra, más siniestra, lo que dejó de ser excepcional para convertirla en norma: la detención domiciliaria. Amerita una investigación por parte del Consejo seccional y nacional de la Judicatura, que delincuentes detenidos en anteriores oportunidades por hurto calificado y porte de armas de fuego sin permiso, como lo denunció la Mecuc, que tienen una pena mínima de más de 8 años, los jueces manirrotos les concedan la domiciliaria por no representar un peligro para la sociedad y  salgan a robar nuevamente. Ese es el problema, no lo busquemos río arriba. Señores del Congreso no se hagan los de la vista gorda, a ustedes les compete legislar para endurecer los requisitos para las domiciliarias, en el sentido que toda conducta contra el patrimonio económico que afecte la integridad personal, por medio del atraco y la extorsión deben ser excluidos de lo que se concibió inicialmente como mecanismo humanizador a lo que ahora se entiende como beneficio para los ladrones que tienen a la ciudadanía con el credo en la boca esperando con resignación cuando les toca el turno. A mí ya me tocó, vivo con el credo en la boca para   no ser reincidente. Así como aprobaron el Código de Policía con autorización plena para los allanamientos de morada en contra de los más elementales derechos humanos, legislen a favor de la ciudadanía retirando de circulación a los pícaros que nos tienen azotados amparados en unas disposiciones laxas definidas en la Ley 1709 de 2014. Abogados y jueces ante tamaña laxitud le encontraron la comba al palo.