A Colombia no le cabe más violencia. Es una peste padecida desde la llegada de los conquistadores, quienes consolidaron su invasión a este territorio a sangre y fuego con sevicia de crueldad para doblegar a la población indígena. Después siguieron los agentes del imperio, aferrados a la avaricia feudal, en el empeño de monopolizar la propiedad de la tierra y apoderarse de valiosos tesoros desde entonces.
Esa tendencia se mantuvo y bajo tales parámetros se construyó un modelo clasista, insensible a la pobreza y proclive a la hegemonía del poder y al recorte de derechos, aunque con apertura a la participación popular a través del voto electoral que no ha dejado de suscitar dudas sobre su transparencia.
Son sucesivos los ciclos de violencia en el país y nunca se ha hecho una sanación de totalidad. Siempre que se han alcanzado acuerdos quedaron remanentes de confrontación, unos más perturbadores que otros.
Las violencias de los últimos sesenta años en el país han tenido diferentes etapas en busca de salidas. Con el Frente Nacional los partidos Liberal y Conservador se alternaron en el Gobierno entre 1958 y 1974. Se calmó el sectarismo a que se aferraban las dos colectividades dominantes, bajo cuya influencia se enfrentaban a muerte, pero se impuso un modelo cerrado sin erradicar los factores de atraso social. En medio de ese desequilibrio de oligarquías hegemónicas se abrió espacio el germen de la corrupción y la división de clases y al mismo tiempo hicieron camino las guerrillas con objetivos subversivos en busca del poder. Después irrumpió la mafia del narcotráfico, criminal y subordinada al culto del dinero. A esas corrientes se agregó el paramilitarismo ante un Estado inocuo en la lucha contra semejante monstruo, y además con acciones cómplices.
Frente a tan alta sumatoria del conflicto armado de Colombia, en el segundo mandato presidencial de Juan Manuel Santos (2014-2018) se logró un acuerdo de paz con las Farc, lo cual permitió la desmovilización de más de 10.000 combatientes beligerantes. Fue un hecho de paz significativo porque no se reducía a la dejación de armas sino que fue pensado para fortalecer la democracia, reparar a las víctimas, aportar verdad, no repetición y profundizar la reconciliación. Sin embargo, al actual Gobierno no le gusta esa paz y ha hecho todo lo posible por debilitar un proceso que es positivo para la nación.
Pero lo peor es que al país lo ha invadido una nueva violencia, con masacres repetidas, asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, nuevos desplazamientos y como si fuera poco, agentes de la Policía Nacional ejercen la violencia contra ciudadanos inermes con atrocidad de barbarie. Y esos actos salvajes ocurren con la tácita justificación del ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo, la pasividad del presidente Iván Duque y la complacencia del Centro Democrático. Es una violencia de Estado, la cual se suma a las otras escaladas consumadas a sangre y fuego por los diversos grupos armados que tienen a Colombia como escenario de guerra, en detrimento del llamado Estado social de derecho consagrado como principio vertebral de la Constitución.
Puntada
Al leer la edición 2003 de la revista Semana (el martes 21 de septiembre), encontré que el título de una información sobre Venezuela es el mismo de esta columna. Decidí no cambiarlo porque lo había puesto antes de ver la publicación. Coincidencia.
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