Hace unos meses escribí sobre el viaje del Ministro de Hacienda donde concluía que existía el contrabando en la zona fronteriza, sin buscarle remedios a esa situación el gobierno nacional.

Ciertamente el contrabando es causa generadora de problemas para el vecino país, más, no justifica el trato indebido, atropellando los derechos de los colombianos, expulsándoles masivamente de ese país, lo que generó una crisis de amplias proporciones para las relaciones de ambos países, con los consecuentes problemas para nuestra ciudad, que abre sus puertas para recibir a esos expulsados después de ser sometidos a vejámenes por la autoridad del país limítrofe.   

Caen inocentes por pecadores, en multitudinario número, afectándose familias enteras, pero lo más triste, es que el gobierno no adopta medidas consecuentes con la gravedad de los hechos.

Y no solo eso, sino que esa situación viene desde enero, cuando se comenzó una campaña de deportación de colombianos indocumentados, incrementándose el problema al destruirles las viviendas; el mes pasado a quienes en otras oportunidades habían recibido beneficios del propio estado venezolano, como la cédula de ciudadanía, en momentos en que se requería asegurar el poder político allí.

Y que se cobre para pasar la frontera por las trochas; que pasen gandolas cargadas de contrabando es inexplicable, pues, forzosamente cuentan con la complicidad de los encargados allí de impedir la salida de esos artículos.

Lo grave y triste, es que parece que no tuviéramos cancillería, se pasan los de la guardia venezolana a la zona fronteriza, en Tibú, Betas, se llevan personas, se queman enseres como en Aguaclara, sin que el Estado Colombiano proteste diplomáticamente.

Se viola el espacio aéreo recientemente, en varias oportunidades y no se ven acciones enérgicas que pongan fin a esta lamentable situación; por ello, perdemos los casos con Nicaragua, en la OEA, nos va mal en el proceso conciliatorio, por cuanto los cargos diplomáticos nuestros no son de carrera sino se nombran a políticos para satisfacer las apetencias burocráticas.

Hace rato que ha debido sentarse un precedente contra el Presidente Maduro, denunciándolo penalmente, ante la Corte Penal Internacional, por los malos tratos, vulneración de los Derechos Humanos de nuestros conciudadanos, por los vejámenes y atropellos a que han sido sometidos, más, cuando se sabe que esas medidas buscan cambiar el panorama electoral que afronta por el alto costo de vida de Venezuela, la inseguridad, la falta de alimentos, drogas, etc.  

Y las medidas adoptadas por las autoridades colombianas, son paños de aguas tibias, sin afrontar el fondo del asunto, como es la importancia de la frontera y la vulneración de ella, aunado a los problemas sociales que está empezando a soportar nuestra región.

Si no retornan a sus ciudades de origen el problema social para Cúcuta será inmenso, el arriendo por 3 meses lo que facilita es que se queden acá, en una ciudad con el segundo más alto índice de desempleo superado solo por Armenia, generando mayor inseguridad y múltiples problemas de orden social.

No hay un estudio serio, una propuesta favorable a la ciudad o la zona, para luchar por un desarrollo industrial, la alcaldía da facilidades y exonera a las nuevas empresas de varios impuestos, en fin, es lo que hay que planear y presentar como proyectos para reactivar la frontera con actividades nacionales;  afortunadamente la oleada de expulsados y salidos voluntariamente mermó, pero, que haría el estado colombiano si llegaran 100.000 o más personas y que sería de Cúcuta, La Guajira y Arauca entre otros puntos fronterizos.

Quedamos a la espera de los planteamientos de nuestros representantes, senadores y Cámara de Comercio entre otros referentes importantes de la ciudad, para reactivar esta zona deprimida; ojalá que se impulsen las carreteras de 4G, de las cuales como siempre, quedamos afuera.