El precio del petróleo está escalando a niveles insospechados, gracias al escenario internacional en donde se ha tomado la determinación de presionar la cotización, para poder atenuar el panorama de bajos precios, que sin duda ha afectado las finanzas de los países productores.

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo estimado en el presupuesto que nos está rigiendo para esta vigencia de 2018, es un cálculo de US$ 55 el barril y los últimos registros lo colocan por encima de los US$ 75.

Las cuentas que hay que hacer es que, según los propios presupuestos del gobierno, por cada dólar adicional que registre la cotización del petróleo, Colombia recibe $350.000 millones. Al llegar estar promediando por encima de los 15 puntos, ese estimativo puede representar la no despreciable suma de por lo menos $5 billones, que ingresarán al presupuesto de la actual vigencia.

Tenemos en el país unas cuentas pendientes relacionadas fundamentalmente con los recortes que se hicieron a presupuestos vitales para los colombianos: uno el de ciencia y tecnología que fue reducido en casi un 40% para esta vigencia; y otro el de infraestructura, en donde varios proyectos fueron recortados, algunos de ellos los de doble calzada, vitales para el desarrollo de las regiones.

Frente a este tema sería bueno hacer claridad sobre las inversiones que se pretendan hacer con estos recursos adicionales. Si no se presupuesta eso como propósito fundamental, los dineros de más que entrarán al presupuesto no sabemos en qué van a terminar, y se desperdiciará una oportunidad de inversión en renglones que sean en verdad prioritarios para el desarrollo del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

Estamos ante un gobierno que termina su periodo y otro que comenzará funciones a partir del siete de agosto, en donde hay que prever que tanto funcionarios de un gobierno como del otro, tendrán sus anhelos de gasto, muchas veces apartándose de lo que debe ser el verdadero interés nacional.

La expectativa de esos dineros, no puede contribuir a que se sacie la codicia, sino a que se atienda la prioridad esencial en materia de gasto, y sobre todo, a que se corrijan errores que bastante han pesado en la inversión pública.