La democracia es un sistema político con reglas ciertas para resultados inciertos. Bien decía el estadista británico Winston Churchill que “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo”. El ser humano a través de la historia no ha encontrado un mejor sistema. A lo largo del siglo XX el mundo padeció primero las amenazas del nazismo y el fascismo y posteriormente la del comunismo.

La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín en 1989, significaron el triunfo de la democracia liberal sobre sistemas políticos que recortaban las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Hoy esa misma democracia liberal es amenazada por el autoritarismo y los caudillismos que buscan destruir las instituciones. El prestigioso pensador israelí, Yuval Noah Harari, recientemente incluyó al Covid 19 como un peligro adicional a las libertades de los ciudadanos. Tiene la razón.

Colombia en medio de las más severas dificultades, la amenaza del narcotráfico y la persistencia de un conflicto armado largo y doloroso, logró construir instituciones fuertes y respeto profundo a la democracia y la separación de poderes. En los momentos más difíciles del siglo anterior, el asesinato de Gaitán, la violencia liberal-conservadora, la consolidación de las guerrillas y el surgimiento del narcotráfico y el paramilitarismo, nuestra clase dirigente, con todos sus defectos, superó controversias y agudas divisiones alrededor de esos principios fundamentales.

En los últimos años, por cuenta de la división generada por los acuerdos de paz con las Farc, la derecha encabezada por el Centro Democrático apostó en forma peligrosa al debilitamiento institucional del país. Adoptaron un camino equivocado en su estrategia de oposición implacable y feroz a la posibilidad de encontrar La Paz para Colombia. Ahora esa actitud es replicada por algunos sectores contra este gobierno. En esta oportunidad llaman a desconocer normas vigentes y a no pagar impuestos y servicios públicos.

En momentos de grandes dificultades, de una crisis económica y social sin antecedentes, de inestabilidad global y amenaza de conflictos internacionales entre las dos grandes potencias, se debe hacer una reflexión serena y sensata, más allá de las diferencias políticas y las críticas y cuestionamientos que tenemos la inmensa mayoría de los colombianos frente a las equivocadas políticas del gobierno Duque, a respetar las instituciones y a tramitar las diferencias en forma democrática y responsable. 

A menos de dos años de las elecciones, eliminada la figura de la reelección presidencial y en medio de la más profunda crisis social que hayamos vivido en décadas; con un Congreso virtual que voluntariamente decidió desaparecer, una justicia que no levanta cabeza y los partidos políticos convertidos en exclusivos y excluyentes clubes de parlamentarios, los ciudadanos debemos ser capaces de movilizarnos para convocar un gran pacto entre todos los actores políticos con el fin de establecer límites mínimos de respeto a la vida, la democracia, la oposición y las instituciones. Un Pacto por los límites que no anule las diferencias ni el debate de las ideas, pero que sí reduzca la radicalización de los últimos años en la sociedad colombiana, que nos puede conducir a la incertidumbre de los caudillos autoritarios.

El problema de Colombia hoy no es la polarización en las ideas sino la radicalización del lenguaje en el debate político, que a su vez ocasiona un rebrote de la violencia en los territorios. Me niego a aceptar que podamos ir a nuevas elecciones, mientras se asesinan todos los días líderes sociales y los excombatientes que dejaron las armas son eliminados, sin que el estado y la sociedad hagan nada para protegerlos. Aún es hora de avanzar en un pacto por los límites. Somos millones los ciudadanos que no aceptamos el destino que nos quieren imponer desde los extremos, debemos reaccionar en defensa de unas instituciones, que ayer no importaron a algunos y hoy no importan a los otros.