Deben tener razón quienes denuncian como grave la propuesta legislativa de desmontar la ley de garantías en la etapa preelectoral en que está el país. La advertencia sobre los riesgos que ese empeño político implica contra la democracia no es solamente de   dirigentes de la oposición al gobierno sino también de voceros de los sectores de la producción, de los líderes sindicales y de diversas vertientes sociales. Porque dejar sin control el gasto público cuando se va a decidir sobre el Congreso y la Presidencia de Colombia es abrirles la puerta a los operadores de la corrupción, interesados en seguir explotando el poder en beneficio de sus ambiciones particulares.

Es cierto que la provisión de los cargos de elección popular está llamada a ser la expresión o voluntad de los ciudadanos. De allí nace la legitimidad de los que reciben el apoyo de los ciudadanos con su voto para el ejercicio de una representación que impone responsabilidades de alcance colectivo y público. Pero hay señales negativas que dejan muchas dudas sobre la transparencia del sistema electoral colombiano.

Es de corriente conocimiento el constreñimiento que algunos candidatos ejercen sobre los electores, mediante la compra del voto en diferentes formas. Y están las trampas en los escrutinios con la manipulación que se hace con los votos. Se dice que la cadena de irregularidades está a cargo de especialistas activos desde la sombra con el consentimiento oficial.

A las elecciones cuyos resultados debieran ser el reflejo de los anhelos de los ciudadanos respecto a las condiciones de su existencia se les atraviesan turbideces para contrariar la posibilidad de solucionar problemas agobiantes para todos. 

La utilización de los recursos públicos para favorecer a los candidatos que juegan en el bando proclive al statu quo es una trampa destinada a contener el desarrollo social del país para mantener privilegios y así consentir los factores de pobreza, de violencia, de corrupción y en general, de atraso.

Amarrar las elecciones al dinero y sobre todo, utilizar los recursos cuya destinación es para atender la satisfacción de necesidades comunes es una falta de aberrante desproporción. Es un juego sucio e inadmisible y es extraño que tenga el apoyo del alto gobierno con argumentos deleznables, basados en una demagogia de pacotilla, favorable a la causa opuesta a la atención debida a las prioridades acumuladas respecto a sentidos problemas. Pero, como enseña la sabiduría popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver.

No conviene que el país siga electoralmente errático o que la sombra del fraude siga afectando un proceso tan fundamental como es el de escoger a quienes tienen la función de gobernar.

El sistema electoral debe ser trasparente, libre de toda sospecha y de esencia democrática.

Puntada

Pueda ser que la corrupción montada en el Mintic con el contrato a Centros Poblados tenga sanción ejemplar a la luz de las evidencias sobre los responsables de esa ladina operación.

ciceronflorezm@gmail.com