Desde que se aprobó la reforma tributaria a finales del año pasado se sabía que la Corte Constitucional la declararía inexequible en su totalidad por la forma irregular como se tramitó en las sesiones plenarias de Senado y Cámara. Una vez sancionada la llamada Ley de Financiamiento llovieron las demandas ante los enormes e inocultables vicios de procedimiento, que los medios de comunicación esta semana decidieron atribuir exclusivamente a los presidentes de Senado y Cámara de la época, olvidando que es el gobierno en cabeza de los ministros encargados el que debe ocuparse de garantizar un debate ajustado a la constitución y la ley de todas las iniciativas que presente al legislativo, especialmente cuando se trata de proyectos de esta naturaleza que se sabe serán demandados ante los múltiples y poderosos intereses que afecta. 

Por ello resulta absolutamente irrespetuosa la ola de presiones que desde el gobierno, y con la complicidad de los gremios económicos y algunos medios de comunicación, se desató contra la Corte Constitucional, advirtiendo con ligereza que si el el alto tribunal actuaba en derecho, la economía colombiana sufriría un colapso. Como si la responsabilidad de la incertidumbre generada con cualquier decisión fuera de los magistrados que tienen unas obligaciones que cumplir y no de altos funcionarios y congresistas que por los afanes de última hora y el propósito de evitar debates a fondo de una iniciativa compleja, se pasaron por la faja los más elementales criterios de transparencia y publicidad en el trámite de la norma. Hay que decirlo con claridad: los Representantes a la Cámara votaron un texto que nunca conocieron. 

Finalmente por una amplia mayoría la Corte adoptó una decisión firme ante la evidencia de los vicios, pero al tiempo responsable al modular sus efectos en el tiempo con el fin de brindar la oportunidad de discutir nuevas iniciativas que permitan mantener el rumbo de la economía. Ante la presión y las voces altisonantes, los magistrados responden con carácter y mesura. Apegados a la constitución y la ley y alejados del clima de agresividad y polarización que atraviesa Colombia. Ofreció en esta ocasión la rama judicial una lección ejemplar de seriedad a las otras dos ramas del poder público que actuaron con improvisación extrema. Se quedaron con los crespos hechos quienes pretendían que la Corte provocara el caos económico con su fallo para hacer daño al gobierno o para persistir en en su propósito desinstitucionalizador. Y también aquellos que con ligereza aterradora pretendían que la Corte pasara por encima de semejantes vicios. Con ese fallo el mensaje es claro para gobierno y Congreso: no pueden ser tan ineptos en el trámite de las reformas constitucionales y legales. Se fija así un precedente claro hacia el futuro.

 Como consecuencia de esta decisión judicial vendrá ahora la discusión en noviembre de una nueva norma tributaria y ya se arranca el debate en forma lamentable con desinformación y sofismas. Las más altas voces oficiales y gremiales “exigen” al Congreso que renuncie a su facultad de debatir el proyecto que se presente, con el argumento muy discutible que la economía está creciendo bien como consecuencia precisamente de la aplicación en los últimos 9 meses de la norma que se cayó. La cifra de crecimiento prevista no es para enorgullecernos y además la frágil recuperación económica no se debe a la reforma, sino al aumento de los precios internacionales del petróleo. Preocupa que no se diga nada del fracaso en la generación de nuevos empleos en Colombia en el último año. La tasa de desempleo aumenta de manera sostenida en los trece meses anteriores y el Ministro de Hacienda nos confiesa no entender las razones. Nosotros los ciudadanos menos.

Bien entonces por la Corte Constitucional que demostró firmeza, independencia y responsabilidad. Mal por el gobierno y el Congreso por su ligereza e ineptitud en el trámite de la reforma tributaria. Ahora corresponde enmendar la plana en los próximos dos meses antes de culminar el año. Ojalá se haga con un debate abierto, transparente, ceñido a las normas. Que se aproveche la ocasión para evaluar los efectos positivos y negativos de lo aprobado el año anterior y actuar en consecuencia. Y no que se acuda al sonoro y atropellado pupitrazo del mismo texto como ya lo están pidiendo en tono alto el gobierno y algunos gremios, con lo que nos demuestran que no parecen haber entendido con claridad el mensaje de la Corte.