Amables lectores:Con el manoseado y falso argumento de que el conflicto armado está íntimamente ligado, solo a la “tenencia de tierra en el área rural”, el gobierno se comprometió con las Farc en la Habana, a realizar cambios en la propiedad del agro y repartir tierras entre campesinos que no la posean. Este elemental argumento y el de “no debida explotación”, término sin definición clara, afectó los proyectos llevados a cabo por gobiernos anteriores contra la propiedad privada, produciendo mayor pobreza en el país agrario.
Está claramente demostrando que “el minifundio populista” solo trae hambre por carecer de asistencia técnica, de mecanismos de acceso a crédito y volúmenes de producción, que permitan a nuestros productos entrar en un mercado altamente competitivo. En pequeñas producciones agrícolas, nadie habla de rentabilidad; esta va asociada con productividad y atada fuertemente a extensión e investigación. Es importante investigar con innovación y extensión pues de lo contrario será muy poca la utilidad obtenida.
Cenicafé, centro de investigación de la Federación Nacional de Cafeteros es un ejemplo de cómo se deben encadenar estas tres palabras: investigación, extensión e innovación. Se creó una variedad de Café, resistente a la roya y hoy los productores se ahorran 200 millones de dólares al año al no verse obligados a fumigar contra esta enfermedad, generando mayor rentabilidad.
Bajo la sombrilla de una desfavorable popularidad, el gobierno del presidente Santos hace populismo y presentará al Congreso a través de la Agencia Nacional de Tierras, un proyecto que reúne los compromisos pactados con la Farc en La Habana sobre desarrollo Rural. Hoy la tenencia de tierras en el campo, está llena de grandes conflictos, más de la mitad de los predios están sin título, existe muy poca información catastral y la existente presenta grandes falencias en cuanto a extensión y linderos.
Leyes como las de víctimas y restitución de tierras con toda la parafernaria burocrática de jueces, visitadores, evaluadores, topógrafos, solo ha originado más conflictos con demandas, avivatos y centenares de reclamantes asesinados. El Ministerio de Agricultura, para acallar opiniones muy serias sobre el riesgo a que estará sometida la propiedad rural legal en este proyecto, afirmó que “la ley da tranquilidad y respeto a la propiedad privada legal y que no habrá despojos de tierras por vía administrativas”. Ante presiones que ejercerán las Farc y los partidos de izquierda sobre el gobierno, el planteamiento del ministro es difícil de creer. El consultor Alejandro Reyes afirma: “Se garantiza la propiedad privada de tierras adquiridas legalmente y no de las Ilegales”. Pero, ¿cómo establecer legalidad cuando hay inmensos vacíos en la titulación?
La tenencia jurídicamente segura de la tierra rural debe ser un elemento indispensable para atraer la inversión privada e impulsar una agroindustria que traiga beneficios económicos a pequeños, medianos y grandes productores. La falta de seguridad jurídica y el cambio de reglas de juego solo genera desconfianza y desmotivación a las inversiones. Ejemplo son las múltiples complicaciones surgidas en el proyecto agroindustrial “La Gloria” de propiedad de German Efromovich, donde se pueden perder 130 millones de dólares ya invertidos y la generación de 1.000 empleos. La Superintendencia de Notariado y Registro reversó las transacciones existentes sobre el predio “La Gloria” y hoy Efromovich se quedó sin títulos y con un gran problema bancario por falta de garantías.
En Tumaco se vive un problema similar con el proyecto de una procesadora de atún que generaría en 5 años, 700 empleos, pero este contrato, con argucias jurídicas se entregó a una firma ecuatoriana y no inicia. Si esto no se soluciona la juventud de Tumaco caerá en manos de traficantes de coca, como única oportunidad de trabajo. De este producto ya se exportan 200 toneladas año.
