La política criminal en Colombia es definida como el conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacerle frente a conductas reprochables o perjudiciales con el fin de proteger los intereses del Estado y los derechos de las personas. Esas respuestas dependen del tipo de conductas que se quiera sancionar y pueden ser sociales, económicas, culturales, tecnológicas o jurídicas, entre otras. En materia de drogas, Colombia ha optado por la respuesta punitivista y de encarcelamiento masivo para hacer frente a este fenómeno. Voy a mencionar un ejemplo de esto.
Iniciando febrero aparecieron en los pasillos de la Fiscalía de Cúcuta unos carteles que buscaban llamar la atención de quienes se acercaban al edificio. En los carteles se podía leer la frase “No más falsos positivos”. El letrero estaba impreso en hojas con el logo de la Fiscalía General de la Nación. Un funcionario judicial señaló en privado que el mensaje de los letreros se debía al alto e inusual número de habitantes de calle que estaban siendo capturados por llevar pequeñas cantidades de droga.
A finales de febrero se conoció que la Policía había capturado a casi trescientas personas por el delito de tráfico de estupefacientes en el Área Metropolitana de Cúcuta en menos de un mes. Se dijo que consistió en una ofensiva contra el microtráfico en pequeñas cantidades y en diferentes sectores de alta complejidad. Consultando la base de datos de la Policía, se encontró que en el mes de febrero en Bogotá fueron capturadas 527 personas por este mismo delito, mientras que en el Área Metropolitana de Cúcuta el número total subió a 391 detenidos. Podría decirse que es menor al número de capturados en Bogotá. Sí, es cierto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Bogotá tiene siete veces más habitantes que el Área Metropolitana de Cúcuta.
Este tipo de operativos donde se realizan capturas masivas por tema de drogas plantean varios inconvenientes en materia de política criminal. Primero, se centra en los consumidores o en los eslabones más débiles de la cadena de tráfico de drogas que son fácilmente sustituibles. En Colombia 7 de cada 10 personas privadas de la libertad no terminaron el bachillerato. Segundo, deteriora la articulación entre distintas autoridades que tienen propósitos en común, pues se deja de lado la priorización de objetivos de alto valor en la cadena de narcotráfico. Tercero, se envía el mensaje erróneo que toda persona encontrada con una cantidad superior a la dosis permitida debe ser judicializada, cuando lo determinante es que se comete el delito de tráfico de estupefacientes cuando la persona tiene la droga con el fin de comercializarla.
En 2017 Dejusticia publicó una investigación donde se concluye que cada hora se capturan a nueve personas por delitos de drogas en Colombia, siendo este el delito por el cual más personas son aprehendidas. Lo que ocurrió en febrero en Cúcuta es el reflejo de lo que pasa en buena parte del país, donde se privilegia el derecho penal y la cárcel como respuesta a un problema, donde las autoridades trabajan desarticuladamente y se denuncian prácticas irregulares en los pasillos de los edificios públicos, y donde la sobredosis de capturas en temas de drogas genera la creencia errónea de que se avanza en el camino correcto.
