La protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos. Este estribillo que tanto suena en las voces de los políticos y académicos es un pergamino fundamental para preservar en la sociedad colombiana la proyección normativa de ser participativa.

La marcha es una expresión democrática esencial necesaria para oxigenar las demandas que distintos sectores de la Nación hacen al gobierno de turno. Es un llamado de los ciudadanos a corregir el rumbo de las decisiones políticas más importantes del Estado. Es la materialización del concepto de ciudadanía activa que mantiene la soberanía de manera permanente y canaliza sus propósitos y frustraciones a través de la protesta.

Obvio esta debe ser pacifica, clara y precisa. De lo contrario lo único que haría sería deslegitimarla y afianzar las voces escépticas en lo que respecta a la importancia que tienen este tipo de manifestaciones ciudadanas en lo relacionado con la consolidación de una democracia participativa, material y constitucional.

No se entiende entonces porque algunas voces del gobierno han salido a desestimarla desde el inicio. No importa si fue mucha o poca la gente que salió a protestar. No importa si se comparten o no las causas de la misma. Es inconcebible y debe rechazarse de plano a los políticos que no pueden convivir con este tipo de movilizaciones que podrían abrir canales importantes de comunicación entre representantes y representados para mejorar de manera real el contenido de las decisiones de gobierno.

Creería en lo personal, que existen muchas razones legítimas para salir a marchar. Que este gobierno ha tenido la oportunidad y tiempo para tomar decisiones positivas para el país y al día de hoy no ha querido consolidar una agenda de trabajo ambiciosa. No hemos todavía ubicado la proyección de este gobierno. Solo conocemos reformas tributarias regresivas que establecen exenciones a los grandes capitales, pretende desmontar subsidios a las clases sociales más vulnerables, establece sobretasas de energía, poca inversión en las zonas de frontera, etc.

Las intenciones del gobierno de tramitar reformas laborales y pensionales regresivas han sido claras. Si bien han salido en los últimos días a desmentirlas o al menos a negar ciertos aspectos de las mismas para desactivar las voces de la marcha, lo cierto es que si hay una clara intención de presentarlas y la verdad muchas razones para hacerlo pero siempre y cuando no afecte la dignidad de las personas. Ni se diga de los incumplimientos en las proyecciones de consolidación del sector de educación y en los graves retrocesos del tema de seguridad por posibles violaciones al parecer de la fuerza pública al D.I.H.

En el caso de Norte de Santander y Cúcuta las causas de la marcha están más que justificadas. El gobierno ha manejado una diplomacia expansionista, sobre todo en el caso de Venezuela la cual ha afectado de manera dramática la seguridad de las zonas de frontera. No podemos estar al vaivén de los caprichos de ningún canciller colombiano que por intenciones electorales futuras busque llamar la atención con los problemas de Venezuela y pierda de vista la importancia de manejar un respeto internacional por los Estados vecinos.

Hay muchos factores por revisar que quedarían en el tintero de esta columna. Lo cierto es que hay un despertar ciudadano no solo en Colombia sino en el mundo. Latinoamérica hoy podría ser la partera de cambios profundos en las instituciones que han posado de democráticas en los últimos años pero que en el fondo solo se han quedado en letra muerta.