Una crítica que le han hecho al ofrecimiento que ha hecho uno de los candidatos a la presidencia de poner a los pobres de primeros en la cola de los que están esperando servicios, bienes públicos o beneficios del Estado es que su lema “Primero los Pobres” es una provocación para que otros candidatos digan que para ellos están primero los ricos. 

No es necesario que lo hagan, pues por sus actos y sus propuestas los conocemos. Lo que es cierto es que nadie más ha hecho esa oferta ni ha adquirido ese compromiso que no es un capricho ni una necedad sino una respuesta real a una necesidad sentida como lo expresa Cristian Valencia, por ejemplo, en su columna de esta semana. 

Si no ponemos a los pobres primero, “¿cómo vamos a hacer para producir riqueza verdadera; desarrollo?” (“Pobres vs PIB”, El Tiempo, enero 23 de 2018).

Dicen que esa política atenta contra la estabilidad económica, que es populista o que es algo que “no se puede” llevar a cabo. Pero eso no es cierto. 

No hay ninguna razón financiera o económica para que no se pueda atender prioritariamente a los pobres si esta es la decisión del gobierno. 

En la elaboración del presupuesto se tendrán que sacrificar otros gastos para poder hacerlo sin trastornar el equilibrio macroeconómico, por ejemplo suprimir el gasto que alimenta la maquinaria política clientelista, desterrar la corrupción en los contratos con el Estado, suprimir el desperdicio y los subsidios que se les otorgan a los que no son pobres, y reformar la estructura de impuestos para que en combinación con la nueva prioridad de gasto el programa fiscal contribuya a reducir la concentración del ingreso, a ampliar el acceso a servicios del Estado para poner primero a los pobres.

Pensar en un programa de empleo de emergencia para jóvenes desocupados cuando hay tanta miseria y tanta criminalidad en las ciudades no es exótico, y es una política que contribuye mejor a la seguridad que inundar a la ciudad de policías o llenar las cárceles con jóvenes sin empleo. 

En otro artículo dije que “Existe el precedente de la WPA (Works Progress Administration o Works Project Administration después de 1939), creada en 1935 por el gobierno federal en Estados Unidos que proveyó millones de empleos para trabajadores no calificados durante la gran recesión. 

La agencia operaba a nivel local en colaboración con los municipios y los estados que aportaban entre el 10 % y el 30 % de los recursos y se dedicaba a la construcción de obras públicas locales, o al mantenimiento de las mismas… 

Es imperativo promover crecimiento y generar mayor empleo. El programa de empleo de emergencia es una solución temporal” (“Seguridad Ciudadana”, El Tiempo, Diciembre 3 de 2017).

Este programa es productivo, pues se enfoca a crear bienes públicos necesarios como caminos vecinales, mantenimiento de infraestructura, y servicios conexos con la educación, etc. Es una respuesta real a la necesidad de la juventud urbana de bajos recursos, una solución para personas mayores discriminadas por el mercado laboral y una propuesta auténticamente liberal. Si se puede hacer mucho a favor de incluir a los que la sociedad tiene marginados, se puede financiar y no hay razón para posponerlo. (Colprensa)