Es verdaderamente lamentable que en nuestro medio no se haya abierto paso una cultura de respeto a la vida humana, y que, por el contrario, se incrementen los casos de muertes, inclusive por móviles tan bajos como el robo de un celular o de una bicicleta. 

Lo peor es la tendencia de la sociedad colombiana a tomar el fenómeno como algo normal. 

Y que las autoridades se contenten con comparaciones de cifras entre un año y otro, indicando que los crímenes han disminuido, y que por lo tanto “vamos por el camino correcto”, frase ésta que, como la relativa a las “investigaciones exhaustivas” o aquella otra según la cual “sobre los responsables (no encontrados) caerá todo el peso de la ley”, se ha convertido en símbolo de mediocridad e indolencia. 

Todo el mundo sabe que esas frases se pronuncian, a más no poder, como por decir algo, y que son mentirosas, pero el público las acepta.

Asesinaron en el sur del país a los periodistas del diario El Comercio; no se han podido rescatar ni siquiera los cadáveres para que sus familias les den cristiana sepultura, y dos personas más permanecen secuestradas, a la espera –quiera Dios que no- de su sentencia de muerte.

Son muchos los policías asesinados en el país en ejecución del llamado “plan pistola”, y miembros del Ejército y la Armada Nacional también han sido víctimas de las organizaciones criminales. 

Los casos de sicariato son, de nuevo –como en la época de Pablo Escobar-, cada vez más frecuentes, en distintas ciudades y municipios colombianos. 

La Defensoría del Pueblo registró entre enero de 2016 y el 27 de febrero de este año un total 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Hace pocos días fue secuestrada y asesinada en Arauca la  líder comunitaria María del Carmen Moreno, y al día siguiente del hallazgo de su cadáver, la personera de Arauquita informó que aparecieron los cadáveres de dos individuos que, todo indica, fueron los asesinos.

Respecto a esta ola criminal, y con toda razón, se han declarado sorprendidas instituciones internacionales como la Unión Europea (UE), los gobiernos de Noruega y Suiza, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Todos muestran su preocupación por los ataques y asesinatos de estas personas, a la vez que el Estado, más interesado en proclamar ante el mundo que en nuestro territorio todo es paz y reconciliación, ha perdido control y autoridad; y no ha asumido en serio su papel, claramente plasmado en el artículo 2 de la Constitución: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

Miles de mujeres han sido asesinadas por sus parejas; y todos los días se da cuenta de los crímenes cometidos en Colombia contra los niños, inclusive los de pocos días de nacidos; otros caen en medio de cruces de disparos o por balas perdidas.

En fin, no hay respeto alguno a la vida humana, ni a la dignidad de las personas. Y, a la vista de muchos, eso es perfectamente normal. ¿Habrá algo en los programas de los candidatos presidenciales al respecto?