Pasa muy rápido el tiempo y el gobierno del presidente Duque nada que arranca. Ya son más de seis meses y aun no le vamos un norte claro. O bueno si fuese por hacer justicia lo mejor que ha hecho el presidente es opinar respecto a lo que pasa en Venezuela, situación que como lo hemos manifestado en muchas oportunidades es muy grave, pero que se ha convertido en el “caballito de Troya” para tapar su inoperancia en el plano interno.

En el tema de seguridad aún estamos esperando la tan aclamada seguridad y la “re-moralización de las tropas” de la fuerza pública colombiana. Por el contrario, se nota un estancamiento en las estrategias para superar el conflicto –combinar la mano dura con la capacidad de disuasión del diálogo- por lo que la violencia y el temor a una escalada terrorista es cada vez mayor: bombas en el corazón de la Policía, recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, en el Cauca, voladuras de oleoductos como el Caño Limón-Coveñas, no implementación de puntos importantes del Acuerdo de paz con las Farc como el tema de tierras y drogas ilícitas, etc.

Debe agregarse la inconveniente decisión de Duque de negar las garantías pactadas por el gobierno anterior para negociar con el ELN en la Habana, Cuba, este último como Estado garante prestando su territorio y buenos oficios para facilitar esos diálogos. Reconocemos que no han funcionado, pero pasar por encima de esos protocolos mínimos de negociación entre enemigos al exigir a Cuba la captura de los jefes de este grupo es cerrar de manera indefinida la salida negociada del conflicto armado y mandar un mensaje de irrelevancia a la comunidad internacional respecto a la poca importancia que da el gobierno al Derecho Internacional.

Por otra parte, como nunca antes se comienza a ver una gran parte de la fuerza pública colombiana deliberante, con un adoctrinamiento fuerte respecto a las ideas del expresidente Uribe y sus aliados en lo que respecta al cierre definitivo de la salida negociada del conflicto, obviándose los contenidos de la Constitución en lo que respecta a la neutralidad que debe tener la doctrina de la fuerza pública. Todo el respeto y admiración a los soldados y policías del país, pero creo inconveniente que se niegue muchas veces dentro de sus propias filas la importancia de políticas públicas de paz para superar tantos años de violencia.

En el plano social y económico, el gobierno es más retorica que acción. Con la presentación del plan de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se calcula que tendrá un costo de $1.100 billones de pesos su ejecución en cuatro años con la ecuación de legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Son 25 pactos que se plantean allí y como cualquier plan de estos son muchas las expectativas y deseos que todos los colombianos quieren ver desarrollados en sus regiones y municipios.

Sin embargo, causa mucha curiosidad como este gobierno desde su inicio ha querido pasar por alto el alcance de la cláusula de ser Colombia un Estado Social de Derecho. Es decir, un Estado que se preocupa por proteger la dignidad humana y a los más pobres, construyendo políticas publicas serias para sacar a muchos colombianos de la pobreza con oportunidades (empleo, educación, salud, etc.). 

Pese a ello, el gobierno no solo ha intentado gravar con IVA a los bienes esenciales de la canasta familiar –cuestión que por fortuna no logró- ahora con su plan de desarrollo se contempla quitar los subsidios de energía al estrato 3, a aquellos que representan esa clase media vulnerable, temblorosa que todo gobierno debería proteger con políticas públicas de inclusión, no dejándolos a la deriva para que puedan regresar o convertirse con el tiempo en esa masa de colombianos considerados pobres.