El Estado social de derecho que consagra para Colombia la Constitución de 1991 no es más que un principio retórico o decorativo, porque en la realidad no opera y cada día se tiene la comprobación del vacío institucional existente con respecto a las garantías que debieran prevalecer en la protección de la vida y el cumplimiento de los derechos reconocidos a todos los habitantes de la nación. La omisión oficial a ese respecto es inocultable, así desde el alto gobierno la propaganda busque maquillar los hechos con versiones que no resisten la prueba de la verdad.

En los indicadores sobre corrupción y derechos humanos publicados los días miércoles y jueves de la semana que pasó, Colombia se raja. El saldo en uno y otro tema está en rojo y es visto por organismos internacionales como una señal preocupante y así lo hicieron saber el Parlamento del Reino Unido y el Congreso de Estados Unidos. Las Naciones Unidas ya había advertido sobre faltas que no pueden mitigarse con justificaciones de consolación o atribuyendo responsabilidades donde no caben. Son asuntos que el Estado debe asumir en cuanto es de su competencia y de su deber, sin atenuantes evasivos. 

En cuanto respecta a la corrupción, las acciones oficiales para combatir ese flagelo se han quedado cortas. No se ha hecho lo que corresponde y se han permitido rendijas a través de las cuales operan los que se lucran de las trampas o los desvíos con que se manejan cuantiosos recursos públicos para el enriquecimiento ilícito de políticos o empresarios y demás actores de la recurrente y abultada picardía. El rechazo popular a la corrupción en el plebiscito de 2018 fue desestimado y apenas se dieron unos pasos que finalmente encontraron barreras en sectores del Congreso, o del mismo gobierno y de otros grupos afines a las conductas descarriadas.

El tejido de la corrupción es extendido y variado. Está hecho de diversas puntadas de activistas de muchas marcas. Los interesados ejercen control sobre el poder y defienden su entramado al precio que sea. No les conviene la democracia ni la recta justicia y se aferran a sus privilegios en forma contundente. Son varios los episodios que dan cuenta del tamaño de la corrupción.

En cuanto a los derechos humanos, son ostensibles los repetidos actos de violación. Y en ese desatino entran los grupos armados ilegales de todos los pelambres, servidores públicos de rango administrativo, o de la Fuerza Pública y hasta de la rama judicial.

La violación a los derechos humanos se consuma repetidamente cuando se le niegan al ciudadano sus derechos o se le somete a un trato desconsiderado cuando demanda garantías para su protección. O se utiliza la violencia hasta con atrocidad de lesa humanidad.

Es un panorama de cuidado. Está en juego la misma democracia. Con tales desajustes se hace posible la afectación generalizada del Estado social de derecho.

Puntada

La abismal fascinación de la pólvora bien puede reemplazarse por otros goces de vivencias  gratificantes.