El miércoles de la semana que pasó, un líder comunal se pronunció frente a la disminución de la frecuencia de rutas y horarios de los vehículos de servicio público en importantes sectores de las Comunas 7 y 8, en particular Cormoranes, José Bernal, El Paraíso, Ospina Pérez y otros.

En su denuncia, relata sobre el incremento de dicho gasto en la canasta familiar, por cuanto deben pagar entre mil y dos mil pesos, para que una motocicleta los traslade a rutas más cercanas.

Agrega que en dichos barrios, residen mujeres embarazadas y adultos mayores que ante el riesgo que corren al subirse en una motocicleta, deben escoger entre pagar una carrera de taxi que oscila entre diez y doce mil pesos, o perder citas médicas, logradas con mucha antelación, luego de las concebidas filas para su obtención. 

El mismo ciudadano, se puso en contacto con los representantes legales de dos empresas que presumiblemente tienen autorizadas rutas y horarios y sus respuestas coincidieron en la inseguridad y presencia de transporte informal.

Al respecto, es preciso señalar que lo sucedido es un problema de transporte, que debe ser abordado por el funcionario del Área Metropolitana, responsable de las funciones del manejo del transporte, y esa es la diferencia de roles entre el mencionado y el secretario de Tránsito y Transporte.

La situación expuesta por el quejoso, es muy probable que sea cierta, porque además el abandono de una ruta, es causal de investigación y posible sanción luego del debido proceso, relacionado con la investigación. 

Es importante recordarles a los gerentes de las empresas que tienen autorizadas rutas y horarios en toda la ciudad, que el Gobierno Nacional, estableció protocolos en materia de prevención, relacionados con la pandemia y por tal motivo, deben acogerse a los mismos, en el entendido que el transporte no puede suspender sus servicios caprichosamente o por disminución de pasajeros, porque si ese es el caso, deben entregar las mismas y la autoridad procede a licitarlas.

Otro punto de vista no menos importante, es la inseguridad. Muchas personas en un afán de conseguir su sustento diario, no ven opción diferente a delinquir, sin importar que más temprano que tarde, sean capturadas y privadas de la libertad y es en ese instante que queda una familia totalmente desprotegida.

No obstante, las diferentes autoridades municipales, no deben pasar por alto la responsabilidad que les asiste en materia de seguridad ciudadana, de tal manera que tanto el ente territorial como la Policía Nacional, establezcan planes de acción inteligentes, que permitan a las empresas prestar el servicio en condiciones seguras, de tal manera que se cierre la posibilidad de declarar el abandono de rutas.