Por fin, después de un trajinar tormentoso, donde, por hipotéticas presiones políticas, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y hasta la presidencia de la república, conformaron un contubernio para hacer abortar la convocatoria a la revocatoria del alcalde de Cúcuta, el gobernador fijó como fecha final, el 30 de enero del presente año, para la misma.

Esta figura, la revocatoria del mandato, tiene su origen en la Constitución Política, art 103 y en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que da derecho, como mecanismo de participación ciudadana, dar por terminado el mandato conferido al alcalde respectivo por insatisfacción general o por incumplimiento del programa de gobierno.

Es una feliz oportunidad que nos brinda la democracia, para expresar nuestra opinión en forma efectiva. Tienen los cucuteños en sus manos la decisión para que el burgomaestre de nuestra ciudad capital, siga rigiendo los destinos de la ciudad o por el contrario darle por terminado el mandato conferido para que sea otro alcalde elegido en votación popular el que termine el periodo.

No seamos indiferentes con nuestra ciudad, debemos participar de acuerdo con nuestro leal saber y entender, y en un juicio interno, que sirva de ejemplo para los mandatarios, que no cumplan con las expectativas de sus gobernados, sabrán que se verán abocados a que el pueblo los revoque, contrario sensu, a los buenos gobernantes se les ratificará por la misma voluntad popular su mandato.

Si el pueblo se abstiene y no participa en estos mecanismos de participación, como está sucediendo en las votaciones para elección a corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes y presidente de la república, así sea con el voto en blanco, sería un mensaje directo para que nuestra nación vire hacia una dictadura o porque no, a una monarquía donde no se le da ninguna clase de participación a sus habitantes. 

Constitucionalmente el voto no solo es un derecho, sino un deber ciudadano y el Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción. Por eso se debe denunciar por constreñimiento al sufragante al que promueva la abstención o presione en uno u otro sentido la decisión en el evento democrático del próximo 30 de enero. Lo mismo, deben hacer la personería y la procuraduría en la apertura de procesos disciplinarios a quienes hagan lo mismo. La pena será de prisión de 4 a 9 años y si es servidor público se aumentará de la mitad al doble.

Si la ciudadanía está contenta con el mandato, vota No y si está insatisfecha vota SI. No comerse el cuento del lobito feroz.

Si no salen a votar, mejor pedirle al gobierno y a los congresistas que modifiquen la Constitución, por inane, o sea, ¡No sirven para nada las revocatorias!