La revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, está estipulada en el Decreto Ley 019 de 2012. La misma, establece que para vehículos nuevos, se realizará luego de seis (6) años de cumplida la fecha de la matrícula.

A partir de ese instante, el examen tendrá una frecuencia anual. Con respecto a los automotores que prestan servicio público, la primera revisión será pasados dos años de haber realizado la matrícula inicial. En cuanto a las motocicletas, aplican los mismos términos.

Caso particular, está representado por los vehículos de matrícula extranjera, que fueron registrados en los diferentes organismos de tránsito, muchos de los cuales no realizaron el procedimiento y según la norma, están en calidad de contrabando, toda vez que a la fecha no se ha extendido autorización de nuevos registros. 

Los casos anotados comprenden el universo de vehículos que deben cumplir con las normas vigentes, entre ellas, la renovación automática por motivos de la pandemia. 

Sin embargo, parece ser que una vez más se está improvisando en la materia, habida cuenta que son miles de propietarios, no pueden cumplir con el importante documento, en condiciones normales y mucho menos después de más de dos meses de no tener ingresos.

Además, son las mismas personas que por restricción del “placa – día” o “pico –cédula” no pueden salir a las calles, motivos por el cual, tendrían tan solo dos días en un mes para realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.

Es necesario recordar los críticos días que vivió la ciudad por motivos de la contaminación atmosférica, derivada de varias causas, ampliamente explicadas por la autoridad ambiental, pese a que la movilidad se redujo por lo menos en un sesenta por ciento, quedando un parque automotor representado en el servicio público, que no ha tenido las mejores calificaciones en materia de conciencia ambiental.

La calificación ambiental a que me refiero, es la voluntad de empresarios y propietarios de mantener sus unidades en perfecto estado de funcionamiento, pero eso no sucede en el mayor de los casos y si se hiciera un verdadero control al sector, sería menos del veinte por ciento los que aprobarían, toda vez que muchos están transitando luego de haber cumplido su ciclo útil y en eso tienen directa injerencia los organismos de tránsito y la  División de Transporte del Área Metropolitana de Cúcuta, dependencia responsable de emitir las tarjetas de operación de los automotores que sirven servicio público. 

Concluyo que el gobierno una vez más, improvisa en el tema porque si muchos conductores luchan para pagar alimentación y servicios públicos, no tienen para pagar la revisión en un plazo tan insignificante, en el entendido que el aire es de todos y las fallas del motor, repercuten directamente en la calidad del recurso.