Recientemente la administración municipal expidió el Decreto 0153 del 30 de mayo de 2020, el cual establece en un extenso artículo, medidas de pico y cédula, incluyendo la  restricción vehicular de un sector céntrico de la ciudad.

Al día siguiente, el secretario de Tránsito y Transporte, suscribe la Resolución 0099 de 2020, ajustando nuevamente el pico y placa, extendiendo la explicación del sector de circulación restringida para todo tipo de vehículo, durante las 24 horas. Además, modifica la capacidad transportadora para los automotores de servicio público.

Las intenciones de los dos actos administrativos, pueden ser buenas, pero infortunadamente fallaron en varios aspectos: unos desde la óptica de socialización y otros desde las competencias.  

Al respecto, es preciso comentar que todas las medidas que impliquen cambios en la movilidad, no pueden ser caprichosas, sino que deben estar soportadas en estudios de ingeniería, acompañadas de pruebas piloto, debidamente socializadas en el seno de las agremiaciones del sector comercio.

No es un secreto, que hay decisiones difíciles que guardan directa relación con el bolsillo de los ciudadanos, motivo por el cual, la peatonalización de una vía merece el consenso de los posibles afectados, entre ellos los propietarios de parqueaderos, que agonizan en medio de una pandemia, para luego exterminar la actividad, dada la inexistencia de clientes por tiempo indefinido, amparados en un acto administrativo que de seguro no posee los argumentos técnicos que soporten de la decisión.

Por otra parte, se armó la trifulca entre la autoridad de tránsito municipal y la del Área Metropolitana de Cúcuta, toda vez que la modificación de la capacidad transportadora, es una decisión de transporte mas no de tránsito, tema abordado por tercera vez en mi columna y el error aún persiste.

Entonces, llega el momento en que se debe tomar partido frente a la decisión municipal, puesto que los llamados de auxilio de muchos comerciantes, se ignoran al restringir el flujo vehicular, en lugar de ser contundentes con lo que ya existe, es decir las prohibiciones para estacionar en las vías públicas.  

Considero que las pruebas piloto se pueden hacer cuando no existen los estudios, siempre y cuando se realicen los conteos básicos de vehículos y un análisis de la actividad comercial que pudiera afectarse económicamente. También, apoyarse en las agremiaciones como catalizador de las pretensiones en materia de movilidad, toda vez que no es bien visto en el arranque de una administración, un golpe a las finanzas de las personas que aguardan con optimismo, mejores oportunidades comerciales.

Recomiendo, ajustar clavijas en materia de prohibición de estacionar en las vías públicas, en lugar de restringir y además, establecer un área piloto para aplicar la peatonalización, debidamente socializada.