Laxitud en la justicia, condescendencia al establecer penas, son los escollos que están conduciendo a la sociedad colombiana al estado de inseguridad que ronda por cualquier rincón.

Ese sentimiento, esa sensación, nos acompaña como nuestra sombra privándonos del disfrute natural de nuestra libertad en nuestros actos cotidianos.

Los atracos, robos de celulares , el asesinato , los grupos armados, los narcotraficantes, extorsionistas, secuestradores, delincuentes de cuello blanco, en fin todas aquellas personas que se han decidido por el camino del mal son y serán, por mucho tiempo, la esencia de esta Colombia atrasada, sumida en escándalos de corrupción, y de pobreza.

La ausencia de una estructura de política de estado que propenda oportunidades laborales justas es el caldo de cultivo para la proliferación de estos comportamientos fuera de la ley. 

Esto tiene un nombre: inequidad social. Y lleva al resentimiento y toma de decisiones equivocadas. De allí el alto número de criminales que ante la ausencia de una política de inclusión educativa y laboral optan por el camino más rápido de obtención de bienes.

Lo más deprimente de este panorama es la aplicación de leyes flexibles. En nuestro sistema judicial las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016 establece las causales considerados como “delitos menores”, por las cuales miles de presos salen libres y por esto es que siempre escucharemos las noticias que estos antisociales no reciben penas.

Sin ser abogada, como ciudadana del común y como docente que día a día inculca a sus estudiantes el principio de la honestidad, lo que logro captar es que con estas leyes se pretendió agilizar los trámites y pasar de 5 audiencias a sólo dos donde se imputen cargos a los acusados y luego se emita el fallo. 

Lo anterior con el objetivo, de juzgar prontamente a los implicados por cuanto algunos pasan años y años sin el debido proceso (no más de un año de la privación de libertad sin sentencia).

Hasta allí estaría de acuerdo, si se toman las decisiones por parte de los jueces realmente con cabeza fría y valorando si un individuo que ha atracado, robado, ocasionado lesiones personales, más de una ocasión no representa un peligro para la sociedad (copiando las palabras de los sabios). Pero dudo de esto y me inclino que la naturaleza de estas leyes es simplemente monetaria; por cuanto es una suma grande que se ahorra el estado al no tener más gente en las cárceles.

Y esto último es un problema gravísimo en nuestro país. El hacinamiento y las condiciones infrahumanas de estas personas nos ubican en un sitial deshonroso de violación de derechos humanos.

Entonces, cuál sería la alternativa de posibles soluciones. Siempre se ha hablado de procesos de reinserción a la sociedad, de rehabilitación, de programas que preparen a estos colombianos a ser útiles. ¿Pero se dan las condiciones?

Es incierto mientras continuemos con un sistema donde la inequidad es tan notoria y donde se tienen pocas oportunidades de llevar una vida totalmente digna.

Países como Finlandia y Noruega (claro, dirán, abismal la comparación), han logrado establecer un sistema penitenciario que ha descendido el número de personas fuera de la ley. 

En Noruega incluso se cuestiona que este modelo es extremadamente cómodo pues los presos tienen todas las condiciones de bienestar material, paralelamente que se van instruyendo laboralmente y estudiando para que ese proceso de reinserción se pueda cumplir. En este país hay dos sitios: la cárcel Halden y la isla de Bastoy con producción industrial.

En Colombia tuvimos la Isla Gorgona, en la costa pacífica, desde 1.959 hasta 1.985 cuando se clausuró definitivamente el penal, lógicamente por la violación de los derechos humanos. Esto le valió el apelativo de una de las cárceles más temidas del mundo. Hoy, afortunadamente, es un parque natural y patrimonio de la humanidad.

Los antioqueños, pujantes como siempre, crearán la primera granja penitenciaria en Yarumal donde 2.000 internos serán pioneros en esquema de verdaderos modelos de resocialización. ¡Ejemplo a seguir!