Los planteamientos de la señora ministra de salud, Carolina Corcho, sobre una eventual reforma, resultan inexplicables, incomprensibles y desconcertantes. Son protuberantes los vacíos y contradicciones de la ministra en temas básicos de salud pública. Apresuradas e infundadas sus conclusiones que desconocen logros alcanzados por el sistema de salud y sus operadores en los últimos 30 años.

Es verdad que son muchas las dificultades y aspectos por mejorar para garantizar cada día más y mejores servicios a la población. Sin embargo, hay que recordarle a la señora ministra que son tres los aspectos fundamentales en la gestión sanitaria para garantizar una calidad de vida apropiada con mejoras en los indicadores clínicos y de salud pública.

En primer lugar, es indispensable modificar el mapa individual de riesgos, reto que en general todos los colombianos compartimos y que de hecho se ha incluido en las anteriores reformas. Pero muy poco se avanzó en los anteriores gobiernos, así como tampoco se reglamentó la ley estatutaria de salud de la cual fui ponente en el senado. Todos coincidimos en la lógica y necesidad de un modelo preventivo y predictivo con enfoque en la atención primaria. Sin embargo, paralelamente es indispensable modificar la siniestralidad, un frente en el que si hemos avanzado mucho en Colombia. Cuando revisamos los resultados de la cuenta de alto costo, que pareciera la ministra no ha tenido tiempo de revisar, esta conclusión es evidente. Lo más importante para la salud pública es incidir sobre los determinantes sociales, ambientales y económicos, porque son la causa de casi el 80% de los problemas en la comunidad.

Cuando la ministra afirma que la mortalidad materna es de 45.9 x 100.000 nacidos vivos; que la mortalidad infantil es muy alta en los quintiles más pobres, donde las madres tienen escasos niveles de escolaridad; que la mortalidad por desnutrición es alta porque no hay alimentación, ni empleo ni agua potable, hablamos precisamente de esos determinantes. Sin duda, es imperativo ampliar la oferta y acceso a servicios de salud, pero los principales problemas están ligados a la pobreza extrema, la falta de empleo, la ausencia de acueductos y alcantarillados, la falta de vías terciarias y conectividad, al desplazamiento forzado por grupos armados, la inexistencia del Estado y en fin, a todo lo que hace más vulnerable a la comunidad.

Cambiar el sistema de salud no resuelve esta problemática. Las muertes maternas no dependen exclusivamente de la infraestructura en salud. Allí generalmente llega la paciente que no tuvo transporte para sus controles prenatales, que vive en una región muy apartada, o es una menor embarazada, y es parte de una población a la que sistemáticamente se le violan los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa con la educación, bienestar familiar o el departamento para la prosperidad, o las consejerías para la niñez y la mujer? Miles de millones de pesos dilapidados en estudios y burocracia cada año, ahora con un redundante nuevo ministerio adicional para atender estos desafíos estructurales. ¿Dónde están los servicios municipales y departamentales de salud? ¿En qué invierten sus recursos? ¿No son ellos corresponsables de esas muertes evitables?