Todo gobierno incipiente habla de lo mucho que va a hacer y de los problemas que deja su predecesor. O más bien determina de entrada las dificultades mayores que encuentra para poder establecer ciertas diferencias y/o justificar ciertas decisiones.

En ese entendido, el presidente Duque ha hablado de las dificultades presupuestales que ha recibido del gobierno Santos para desarrollar ciertos programas, como también de la necesidad de presentar reformas en varios aspectos, en especial en lo relacionado con la cuestión política y de justicia.

Casi todos los gobiernos de entrada plantean la urgencia de reformar la justica. La mayoría inicia haciendo acercamientos con los principales organismos de la rama judicial y la academia a efectos de lograr consensos, pero como sucede en muchos casos cuando sale el documento sintetizado de lo acordado para presentar al Congreso se dan modificaciones a lo consensuado que enlodan las buenas intenciones.

Yo creería que casi todos coincidimos en la pertinencia de una reforma a la justica que aterrice y facilite su acceso a cualquier ciudadano, que la simplifique, fortalezca y despolitice. Aunque dicho sea de paso los jueces como cualquier persona tienen un bagaje intelectual e ideológico que hace –por más que no se reconozca- que en sus fallos parte de dicho bagaje influya de manera determinante en sus decisiones. Dworkin por ejemplo filosofo del derecho anglosajón reconocía esta realidad que muchos académicos niegan –o pretenden negar con la voz del Derecho.

Sin embargo, en esencia es sano que se les quite a las altas cortes su competencia electoral para elegir ciertos funcionarios del Estado como son el procurador general, el fiscal, el contralor, etc. Creemos que en estos aspectos la mayoría de fuerzas políticas coinciden.

Por otra parte, en dicha reforma a la justicia se plantea la “casi nada” modificación a la figura jurídico-procesal llamada tutela. La mejor amiga de cualquier colombiano -pobre, vulnerable, extranjero, discapacitado, rico, etc.- que ha logrado desarrollar confianza en el aparato judicial y que además sin importar si se es abogado o no se puede ejercer de manera verbal o escrita. La Corte Constitucional decía hace unos días que había llegado para su revisión la tutela número siete millones desde que se creó como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional.

En ese entendido, considerando el grado de eficacia que ha tenido la tutela en Colombia, que encuentra fundamento en distintos instrumentos internacionales sobre DD.HH. aprobados por Colombia –por ejemplo, la Convención americana de DD.HH., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.- y en la Constitución actual (art. 86) nos parece en principio una regresión grave en materia constitucional lo que el gobierno de Duque plantea para reformar de la acción de tutela.

Ello por cuanto no es para mejorarla –de acuerdo a lo que se desprende del proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno al Congreso- sino para limitar su eficacia jurídica de protección de los derechos fundamentales de las personas al agregar requisitos adicionales –como por ejemplo, ¿legitimidad de quien la ejerce?- de procedibilidad y en cuanto a su uso jurídico procesal.

La tutela es una herramienta esencial de realización del Estado social de Derecho, de la dignidad humana, de la eficacia de los contenidos constitucionales y de la democratización del acceso a la administración de justicia. 

Ojalá el Congreso al momento de analizar esta reforma sea celoso, actúe como guardián natural de la supremacía de nuestra Constitución y solo apruebe aquellas modificaciones que la hagan más expedida, más eficaz, fortaleciendo los valores constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.