Hace 13 años entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio y con él, la oralidad en los procesos penales. Los objetivos del nuevo sistema están lejos de ser una realidad, entre ellos la descongestión de los despachos, celeridad en el trámite de las causas y mayor transparencia en los fallos. 

Tal vez el único de los propósitos alcanzados por el nuevo régimen está referido a la garantías que ofrece este procedimiento, podría considerarse que al punto de ser demasiado garantista. 

Como sucede en el área penal, con la oralidad en otras disciplinas como la civil, laboral, familia y demás, no se lo logró la descongestión que es uno de los grandes males que afecta a la justicia, que en la actualidad lleva a cuestas el ser una de las instituciones con mayor desprestigio ante la opinión pública. 

Estamos ad portas de la renovación del Gobierno y el Congreso, entre otros muchos temas, uno de los retos fundamentales que tendrán será realizar una reforma estructural a la justicia, que simplifique los tiempos y permita que la defensa de los derechos del ciudadano no se quede escrita en los códigos. 

Desde hace muchos años se dice que la Rama Judicial debe acercarse al ciudadano, en alusión al acceso de los colombianos a este servicio esencial. Si ponemos como referencia el derecho penal, la realidad es que de las denuncias que interponen las víctimas diariamente, pocas llegan a ser judicializadas, la mayoría son archivadas por la Fiscalía en parte porque no existe un aparato investigativo adecuado y con las herramientas necesarias para dar trámite a todos los casos que llegan a conocimiento del ente investigador. 

Estoy de acuerdo con que se requiere una reestructuración del proceso penal, buscando que todas las investigaciones sean resueltas, una reforma inevitablemente debe contener la creación de más despachos, para mejorar los tiempos y evitar la impunidad. La Rama Judicial cuenta actualmente con cerca de seis mil jueces que no son suficientes para atender la demanda en todo el país, por eso no es extraño que los funcionarios tengan en sus escritorios entre 500 y mil expedientes cada uno para resolver, cifra que refleja la magnitud de la carga laboral de los jueces. 

Una reforma no puede dejar por fuera las funciones electorales que tienen los magistrados de altas cortes, las cuales deben ser eliminadas para que se ocupen específicamente de las labores jurisdiccionales y no se desvíen en ocupaciones que podrían afectar la transparencia de sus actos. La magistratura debe recuperar su majestad y quienes ocupen esos cargos tienen que llegar por méritos, sometidos a un concurso del que participen los mejores juristas del país, no por clientelismo. 

En este sentido, hay que fortalecer el régimen disciplinario de los servidores públicos, evitando hechos de corrupción y sancionando drásticamente a quienes incurran en este delito. 

Seguramente un aspecto importante a tener en cuenta en la reforma a tramitarse en las próximas legislaturas es el tema de la seguridad jurídica. No le otorga ningún beneficio a la estabilidad jurídica del país la multiplicidad de normas proferidas por el Legislativo, muchas de ellas sin ninguna aplicación real. Hay que abreviar tantas leyes existentes y no tratar de resolver los problemas sociales con el Código, especialmente el penal. 

En esta etapa final de las campañas políticas seguramente saldrán a la palestra propuestas para modificar la administración de justicia, solo podrán prosperar aquellas que atiendan sus verdaderas falencias, alejadas de intereses particulares, de lo contrario están destinadas a fracasar como las últimas reformas planteadas. 

@WilsonRuizO