Mis lectores se preguntaran porque mis recientes artículos los tituló con base en interrogantes, pero es que este país vive día a día una angustia nueva, que invariablemente nos plantea muchas dudas sobre hechos fundamentales que se están dando para el futuro de todos los colombianos, y lo más grave que podríamos hacer es quedarnos impávidos y pasivos porque después los hechos nos pueden llevar por delante y sería demasiado tarde para levantar la voz.

Me refiero, por supuesto al rifirrafe que ya comenzó a presentarse entre los voceros del Gobierno en la mesa y las Farc, en la interpretación de la idea de justicia que se pactó en La Habana en el tan cacareado acuerdo al que asistimos recientemente.

El asunto ya reviste una gravedad suprema sin siquiera conocer el texto completo de dicho acuerdo, básicamente porque el gobierno se opuso a que se conociera, según el abogado Santiago, asesor jurídico de las Farc en la mesa. Surge pues el primer gran interrogante: ¿Por qué se opone el gobierno a que se conozca la letra menuda del mismo? Y a renglón seguido ayer las Farc descalifican públicamente a los negociadores de Santos en el sentido que “nunca se acordó un lugar de confinamiento” y mucho menos la restricción de la libertad a quienes se comprometan a reconocer la verdad.

¿En qué quedamos los ciudadanos entonces? Huele este asunto a lo que desde el comienzo del proceso se le ha criticado al gobierno: No decir toda la verdad, ocultar los sapos más grandes que pretenden hacernos tragar hasta último momento, cuando lo pactado y firmado no tenga vuelta de hoja.

Por todo lo anterior y mucho más que no se ha dicho, es que una gran franja de la opinión pública no nos dejamos llevar por la histeria colectiva y el desafortunado show mediático, con Papa y comunidad internacional incluidos, que suscitó la difusión espectáculo de que fue objeto la firma de este punto del acuerdo total.

Gobierno y medios de comunicación de una manera desaforada salieron a reclamar un triunfo histórico, como si ya estuviera firmado el acuerdo final, y ya el pueblo colombiano lo hubiera refrendado en las urnas.

Peor aun, el “Fiscal contratista”, no pudo evitar callar su bocota, y ya llevó ante el hipotético Tribunal especial para la Paz, solamente al expresidente Uribe y al candidato a la Alcaldía de Bogotá Francisco Santos, nada más y nada menos. Como se diría coloquialmente, esta vez a Montealegre le pudo el hambre que le tiene al Uribismo, y esta salida en falso, descalificada por el propio ministro de Justicia, le ha hecho “pelar el cobre” de una Fiscalía francamente politizada y perseguidora, que desdice mucho de una verdadera democracia.

Pero bueno, ¿Qué se podía esperar de este funcionario omnipotente que hace uso de los dineros públicos sin tener que responder a nadie, y tiene el permiso tácito del alto gobierno para pontificar sobre lo humano y lo divino, sin ocuparse verdaderamente de su función constitucional? Sigue haciendo carrera en este proceso proclamar la “reconciliación nacional” en Cuba, y avizorar una Paz inmediata, pero de otro lado seguir, mediante voceros suyos como el senador Benedetti, atizando la polarización política, la persecución y la descalificación de todos aquellos que queremos un acuerdo justo y satisfactorio con la reparación de las víctimas, tratándonos de guerreristas y enemigos de la Paz.

Esperamos pues, todos los colombianos las aclaraciones urgentes y obligatorias de parte del gobierno, antes de montarnos al caballito de enviar nuestras fuerzas militares a cumplir acciones de paz en otros países, desguarneciendo nuestro territorio de enemigos de todos los pelambres y nuestras fronteras de enemigos ya declarados.

-