El episodio de Hernán Darío Velásquez, conocido como El Paisa, quien supuestamente se fugó del espacio territorial de capacitación y reincorporación en la vereda de Miravalle, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), deja en evidencia la desinformación que existe en esta etapa del proceso de paz y la división que genera el tema.

Los contradictores de los pactos con las Farc, la mayoría oposición del Gobierno, no desaprovechan cualquier oportunidad para provocar confusión e indignación entre la opinión pública respecto de lo que está pasando con los desmovilizados, magnificando cualquier asunto que se relacione, y quienes defienden la reincorporación de los exguerrilleros, justifican las falencias de los acuerdos  tratando de ocultar la improvisación con la que se está manejando el posconflicto.

La salida de Velásquez Saldarriaga de Miravalle no se puede considerar una fuga. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los mismos comandantes militares de la región declararon que los exmiembros de las Farc pueden realizar desplazamientos porque son consideradas personas libres, más allá del riesgo que corren fuera del territorio dispuesto para su concentración.

De hecho, los propios excombatientes guerrilleros denunciaron que ya fueron asesinados varios de los desmovilizados que salieron de esas zonas, algunos de ellos se habían dirigido hacia los sitios de residencia de sus familias.

Hubo muchas imprecisiones al momento de dar información acerca de la evasión de El Paisa, en Miravalle, como las versiones según las cuales habría desertado del proceso de paz llevándose a unos hombres; pero tampoco existe control por parte del Ejecutivo frente al funcionamiento de los espacios de capacitación, muestra de ello es que cuando surgieron las especulaciones no hubo una reacción inmediata, dejando entrever que tampoco tenían conocimiento; incluso en este momento no hay claridad sobre la causa de esa salida, porque no es muy creíble la explicación de una supuesta “revisión” que estaba haciendo Velásquez a un sendero ecológico. 

En ese sentido la preocupación está referida a las especulaciones de la posible conformación de un grupo armado por parte de El Paisa, como alternativa a los incumplimientos del Gobierno de los acuerdos estipulados en La Habana. Teniendo en cuenta que Velásquez Saldarriaga dirigió los actos más violentos de esa organización, la posibilidad de que regrese a las armas genera temor entre los habitantes de las regiones donde hizo presencia. También preocupan las declaraciones del defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, quien manifestó que los espacios de reincorporación se están desocupando.

La explicación podría ser que muchos de los desmovilizados están regresando al seno de sus hogares paternos, pero no se puede desconocer la incertidumbre por el incumplimiento de lo pactado en las negociaciones y el temor que tienen por su seguridad, ya que las voces de los planes de eliminar a exintegrantes de las Farc se hacen más sonoras.

800 disidentes, como la segura el defensor Negret, es una cifra alta en un país que está cansado de tantas décadas de conflicto armado. 800 armas reactivadas para seguir asesinando y extorsionando, representaría la pérdida de credibilidad en un proceso que un amplio sector quiere debilitar hasta su erradicación.

Es hora de dar transparencia a esta etapa de las negociaciones, que el Gobierno tome el control y dé a conocer las condiciones reales vividas en los espacios de capacitación y lo que allí sucede. Que haya claridad en torno al posconflicto, pero a la vez firmeza para hacer cumplir los compromisos asumidos por el propio Ejecutivo y por los desmovilizados de las Farc.