La semana pasada fue noticia una sentencia de la Corte Constitucional, en la que declara que la resolución que delimitó el páramo Santurbán no es válida (290 de 2014), pues afirma que,”el Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad”. 

Es decir, que durante el proceso de delimitación no se tuvo en cuenta a la población del área de influencia  para la evaluación y aprobación, se vulneró el derecho a la consulta previa. 

Debido a esto se espera un nuevo proceso de delimitación para protección del páramo. Ahora, recordemos que eso del Complejo paramo Santurbán-Berlín, es una eco región de cerca de 140 mil hectáreas, que hace parte de la superficie de ocho municipios  del departamento de Santander y  veinte municipios del departamento de Norte de Santander. Vetas, Tonas, Motiscua y Silos, son los municipios con mayor porcentaje de su territorio, incluido dentro del páramo Santurban. 

Del nacimiento de sus fuentes hídricas, al menos 2’500.000 personas se benefician directa e indirectamente.  Según la delimitación inicial (76% del área total), dentro de esta población beneficiada, se encuentra cerca de un millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y el 30% de la población en Cúcuta, que se abastecen de agua proveniente del páramo. 

Ahora bien, delimitar no significa no tocar. Inicialmente se habían definido tres grandes zonas: zona de preservación, restauración y de uso sostenible, que significa que se pueden realizar actividades que mantengan la composición y estructura de la función de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, la mega minería de oro como el proyecto Soto Norte de la empresa Minesa, que espera extraer minerales durante los próximos 25 años, presentaría afectaciones sobre la estructura ecológica principal del páramo, a pesar de que su proyecto estaría fuera de la delimitación. Si se ejecutara esto, pondría en riesgo el recurso hídrico para las futuras generaciones y la biodiversidad que beneficia a estos departamentos. 

Aunque Minesa pregone sobre minería sostenible y sobre la armonía de sus planes de manejo ambiental, no deja de generar preocupación el rumbo que va a tomar la nueva delimitación, que tendría que hacerse en el curso de un año y la interminable obsesión de extracción de minerales en Santurbán, pues  Minesa ya radicó solicitud de licencia ambiental de minería subterránea. 

Ante la duda, abstente. Así debería actuar el Gobierno, usando el principio de precaución y sentar posición para defender el agua de las futuras generaciones, pues aunque la minería traiga algún beneficio económico a corto plazo, el valor del agua en la sociedad en las próximas décadas, será lo que defina el desarrollo y riqueza de una nación.

* Decano Asociado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda