Los próximos cuatro años no serán fáciles para el nuevo gobierno, son muchos los retos que tendrá que afrontar para que el país avance y supere problemáticas tan arraigadas como la corrupción, la inseguridad, las desigualdades sociales, el déficit fiscal y la polarización política. 

La economía es uno de los más grandes desafíos para el cuatrienio venidero. Lograr el balance fiscal con el gasto y déficit tan alto que tiene el país y una deuda pública en crecimiento, no será tarea fácil. Además porque los contribuyentes ya no aguantan más gravámenes, pero sin duda, las reformas harán parte de las primeras acciones impopulares del gobierno entrante.

Desde ya se anuncia la reforma tributaria, que está en la mesa de cada nuevo gobernante, reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud y reforma a la justicia; aunque seguramente otras serán planteadas.

Las que más podrían golpear el bolsillo de los colombianos son las reformas tributarias, laboral y pensional, por el ajuste que se debe hacer a las finanzas, teniendo en cuenta que la última reforma tributaria no alcanzó las metas para superar el déficit fiscal, por el contrario puso un freno al crecimiento de la economía al desacelerar el consumo. 

Dentro de ese paquete de medidas hay que reducir el gasto del aparato estatal, que es demasiado grande si lo comparamos con los ingresos, mucho más ante la incertidumbre que generan tanto el precio internacional del petróleo como la diversificación del mercado, necesaria para superar el desequilibrio fiscal actual.

El reto está en cautivar la inversión extranjera, que estaba a la expectativa frente al modelo de gobierno que tendría Colombia. Para ello hay que ofrecer mayor estabilidad en el mercado interno y menores riesgos para el ingreso de capitales.

Sin embargo el principal problema del país, que igualmente afecta la inversión y la estabilidad en su economía, es la cultura de corrupción existente no solo en las entidades públicas, el sector privado también es víctima de este flagelo.

Por eso es la tarea más compleja, porque implica adoptar medidas para castigar a los corruptos y evitar el desangre de los recursos públicos, pero además requiere un plan de control y educación para concientizar sobre las consecuencias de seguir perdiendo billones de pesos que deberían destinarse para el desarrollo y la inversión social.

Ni hablar de la sensación de inseguridad que crece en las ciudades capitales y que tendrá que ser uno de los frentes de acción en el próximo periodo gubernamental. Los esfuerzos en seguridad, con la desaparición de las Farc como organización guerrillera, tendrán que estar encaminados a combatir las bandas de delincuencia, que generan al año la escandalosa cifra de 11.347 homicidios. A ello habrá que sumar el futuro del proceso de paz con el E.L.N y si los acuerdos con las Farc serán replanteados o no, para determinar los principales objetivos de la Fuerza Pública que de todos modos, tendrá que recobrar la confianza de los ciudadanos que se sienten amenazados por los delincuentes.

En esa lista de prioridades no puede quedar por fuera la tarea de consolidar una política de cohesión, en la que todos estén incluidos, porque el grueso de los colombianos ya está cansado de las divisiones entre izquierda y derecha que dejaron las últimas contiendas electorales.