Recientemente, La Opinión publicó un reportaje realizado a un intendente de la Policía Nacional en la especialidad de tránsito y transporte, en el cual se exponía el grave problema derivado de la movilización de menores de diez años como parrilleros de una motocicleta.

También, desde su óptica, opinaba que dicho problema era la consecuencia de la falta de autoridad y la poca cultura de los papás. Comentaba el caso de la inmovilización de un vehículo de matrícula extrajera el cual transportaba menores, situación que viola la normatividad en materia de tránsito y además, considera que la presencia del mototaxismo alivia los costos de transporte a las familias de menores ingresos.

Al respecto, llama la atención que la persona que redactó la nota, en lugar de haber escogido a un Oficial de la institución o al Secretario de Tránsito, hubiese escogido a un actor que juiciosamente debe obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos de la misma institución, sin embargo, no está despistado su criterio.

La problemática del riesgo al que están expuestos los niños que son objeto de la situación, no solo debe ser de la autoridad de tránsito, sino de las Secretarías de Salud y Educación. De igual manera, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puesto que a este último se le olvida que su misión va mucho más allá de atender las diferencias de parejas en las cuales se involucran los menores.

La Secretaría de Educación debiera proponerle una iniciativa al Concejo Municipal para que los colegios incluyan en sus programas, la asignatura de “Educación Vial” y que la misma sea de carácter obligatorio y objeto de calificación, puesto que desde hace años, se ha tratado el tema a nivel nacional pero aún no tiene forma la ley y de ahí, que gran parte de lo que sucede en las calles es producto de la ignorancia en dicha temática. 

Por su parte, el ICBF debiera darse una pasadita por cualquier colegio de la ciudad para que evidencie los riesgos y actuar en conjunto con la Policía Nacional, que entre otras cosas, también tiene el grupo especializado de menores.

Tal como están las cosas, es necesario identificar la situación en cifras. Es decir, conocer el número de padres de familia que exponen sus hijos a graves accidentes como consecuencia de la irresponsabilidad que les asiste y obligar a esos conductores a que participen en charlas con sicólogos y médicos expertos en traumas, porque las que se dictan actualmente para reducir el valor de una multa, son pésimas. 

En conclusión, la protección a los menores es un deber de varias entidades e instituciones que olímpicamente han sido indiferentes a tan delicada situación. Los directos responsables son los padres de familia que escudándose en los costos del trasporte, prefieren exponer sus hijos a mortales accidentes. Finalmente, le recuerdo al uniformado entrevistado, que las leyes aunque sean duras, son las leyes y para hacerlas cumplir, no se necesita autorización alguna.